‘ías’ costosas e inútiles

Apolinar Salcedo fue destituido de su cargo de Alcalde de Cali, en el 2007, por firmar un contrato amañado que le entregaba el recaudo tributario de la ciudad a un particular. La sanción la impuso la Procuraduría General.

Tres años después, el gobernador Juan Carlos Abadía fue destituido por la Procuraduría General de la Nación por participar en política. Posteriormente la Contraloría General sancionó a Abadía, primero por suscribir unos contratos para hacer unas cirugías bariátricas y luego por un millonario detrimento en la Licorera del Valle.

En ambos casos las sanciones fueron impuestas por organismos del orden nacional. Los órganos de control de Cali y el Valle pasaron de agache. Lo que refleja plenamente la inoperancia de las Contralorías departamentales, locales y de las personerías.

La pregunta que surge es si esos órganos son tan inservibles por qué en los últimos días la Asamblea del Valle y el Concejo de Cali se tranzaron en una agria disputa por la elección de contralores y del personero. La respuesta es sencilla: por la alta carga burocrática y el poder de chantaje que poseen esas entidades.

La Contraloría del Valle cuenta con 125 empleados de planta. De ellos, solo 28 son de libre nombramiento. Aunque no son muchos sí son los mejor remunerados y por lo tanto constituyen un apetitoso botín burocrático.

La Contraloría Municipal tiene alrededor de 150 empleados. Allí también la mayoría de los funcionarios tienen fuero sindical, pero los cargos de auditor I y auditor II, los mejor pagos y los que más poder tienen, son de libre nombramiento. La Personería Municipal tiene 103 funcionarios de planta.

Mejor dicho, entre estas tres dependencias manejan casi 400 cargos. Y aunque muchos de ellos tienen fuero sindical, los mejor remunerados son de libre nombramiento, que es donde los políticos ponen a sus amigos.

Pero además, estos órganos suelen ser usados para ‘apretar’ a los gobernantes que intentan poner a raya la ambición insaciable de los políticos.

En resumen, lo que se está viendo en el Concejo es una puja entre los amigos del Alcalde, interesados en elegir un personero de bolsillo que deje trabajar ‘tranquila’ a la administración y la exigua oposición, que pretende designar a un funcionario independiente.

En la Constituyente del 91 se planteó acabar con las contralorías regionales y centralizar el control fiscal en una sola entidad. La propuesta naufragó porque los políticos no estaban dispuestos a perder esa veta burocrática. Y si hay una entidad cuya existencia no se justifica es la Personería: las funciones que supuestamente cumple, control disciplinario y la defensa de los derechos humanos, las ejercen la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

Para hablar en términos contables, la relación costo/beneficio, de la Contraloría y de la Personería para el Municipio (lo que cuestan frente a lo que aportan) es nefasta. Como ya se dijo, generan muy poco y valen una fortuna: el presupuesto de la Contraloría para el 2018 fue de $21.608 millones, mientras la Personería le costó a los contribuyentes caleños $15.584 millones.

El día en que nuestra clase política entienda, por fin, que el dinero del Estado, nuestro dinero, no se puede seguir despilfarrando, tiene que comenzar por acabar las personerías y las contralorías regionales, entidades que no solo no controlan nada sino que en sí mismas son una síntesis de todos los males que pretenden combatir.

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