Honorable escándalo

Honorable escándalo

Octubre 25, 2018 - 11:55 p.m. Por: Diego Martínez Lloreda

El Honorable Concejo de Cali, de cuando en cuando, se ve sacudido por escándalos que dejan por el suelo la honorabilidad de sus miembros.

En la década de los 90 fue la compra de unos predios del Club Tequendama, por el cual, al parecer varios concejales cobraron tajada, por lo que acabaron presos.

Años después, fue el escándalo por el cobro de comisiones para la entrega de cupos del programa de ampliación de cobertura educativa.
Según estableció la Fiscalía, concejales que tenían injerencia sobre la Secretaría de Educación cobraban hasta el 30 % del valor de cada cupo al colegio que se veía favorecido con el mismo. Por ese hecho, dos miembros de esa corporación fueron a dar a la cárcel.

Un par de años después, el entonces Presidente del Concejo se vio involucrado en un sórdido episodio que tenía que ver con el cobro de una mordida para aprobar la ubicación de unas gasolineras en los separadores de las troncales del MÍO, que al final no se concretó porque el alcalde del momento vetó el acuerdo respectivo.

Como el acuerdo se fue a pique, los concejales que habían cobrado por la ‘gestión’ accedieron a devolver los recursos. Muy decentes ellos, pa’ qué. Pero el susodicho Presidente se negó a devolver su parte. Lo cual al final hizo para evitar un lío judicial.

El más reciente escándalo que sacude al cabildo local es protagonizado por Patricia Molina, concejala del Polo, que, como todos los integrantes de ese partido, suele autoproclamarse como la adalid de la lucha contra la corrupción.

Pues ocurre que esta especie de Juana de Arco criolla fue acusada de quedarse con el 80 % del salario de un tramitador del Concejo a quien ella vinculó a esa corporación. Quien acusa a la señora Molina de este desaguisado es la propia víctima, Carlos Ríos Lucumí, sí, con nombre y apellido.

El señor Ríos dice que el salario que le asignaron era $2.528.650. Y, según él, su mentora Molina, que previamente le había pedido la tarjeta débito, retiraba el dinero y sólo le entregaba $500.000. Para justificar la apropiación de esos $2 millones largos, según el acusador, la concejala le dijo que eran para ayudar a pagar los costos de la campaña.

La denuncia por este hecho fue puesta en la Fiscalía, acompañada por el respectivo video en donde se ve doña Patricia retirando la platica. La Procuraduría también investiga el caso.

La única explicación dada por la concejala frente a esta acusación es que todo es producto de un “complot” en su contra. Mejor dicho, en lugar de intentar aclarar lo ocurrido, pretende victimizarse, como hacen todos los sindicados que no tienen cómo justificar los hechos que les imputan.

Tan lamentable como esa posición es la actitud asumida por varios integrantes del cabildo que, en lugar de reclamar una investigación pronta frente a estas acusaciones, se apresuraron a respaldar a su compañera.

Ese ‘culiprontismo’ lo único que hace es acrecentar la sospecha de que la práctica de cobrarle un porcentaje de su sueldo a quienes ubican en la Administración es generalizada entre buena parte de los concejales de Cali.

Habrá que estar muy atento a las investigaciones que frente a esta gravísima sindicación ya están en marcha.

Lo cierto es que este escándalo, y la actitud asumida por los cabildantes frente al mismo, dio al traste con el esfuerzo hecho en los últimos años por esa corporación para mejorar la pésima imagen que tiene entre los caleños.

Sigue en Twitter @dimartillo

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