Es lo mínimo

Es lo mínimo
Hace más de 30 años, el economista gringo Milton Friedman dijo que el narcotráfico era un problema económico y que había que combatirlo con medidas económicas y no judiciales.

Su tesis era que la única solución posible a la violencia que generaba ese negocio ilegal era su legalización. Y ponía de ejemplo lo que ocurrió en Estados Unidos hace cien años cuando se prohibió el consumo de licor.

Lo que nunca propuso Friedman, ni nadie sensato que yo conozca, fue la legalización parcial de esa actividad. Que fue lo que hizo en Colombia la famosa sentencia de la Corte Constitucional, impulsada por Carlos Gaviria. Esa sentencia legalizó la dosis mínima, es decir, el último eslabón, pero mantuvo en la ilegalidad el resto de la cadena. Lo que se convirtió en un inmenso estímulo a esa actividad.

Lo cierto es que en los últimos años Colombia pasó de ser un país productor a uno consumidor de estupefacientes, gracias, precisamente, a la despenalización de la dosis mínima y al crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, causado por la laxitud con la que el gobierno anterior los combatió, en su afán de convencer a las Farc de que firmaran el acuerdo de paz.

Resultado: el narcotráfico sigue siendo el principal motor de la violencia en Colombia. Y, además, se convirtió en un problema de salud pública.
Por ello, mientras en el mundo entero no se legalice esa actividad -que como dice Friedman es la solución de fondo, pero no depende de nosotros- el gobierno colombiano, si es medianamente responsable, está obligado a tomar medidas drásticas para mitigar tanto el problema del crecimiento de los cultivos, como el del consumo.

Para enfrentar el primero, pronto se reanudará la fumigación aérea, seguramente con drones para minimizar el impacto ambiental. Y para combatir el consumo ya se anunció un decreto que facultará la incautación de cualquier cantidad de droga que esté en poder de una persona, en un sitio público, cuando esta sea requerida por la autoridad.

En buena hora se tomó esa decisión porque el cuento de la dosis mínima ha servido es para que los jíbaros se adueñen de los parques de las ciudades. En Cali, por ejemplo, el Parque de los Estudiantes, donde está la estatua de Jovita, el de La Flora y muchos más se convirtieron en ‘autopistas’ para la venta y consumo de todo tipo de drogas. Lo propio ha ocurrido en los alrededores de los colegios públicos.

Es natural. Los expendedores actúan con la mayor impunidad porque nunca llevan encima más de la dosis mínima, el resto lo encaletan en una caneca o en otro escondedero cercano. Y cuando una autoridad los intercepta, están ‘fresqueados’ porque manifiestan que son consumidores y la droga que portan es la mínima permitida.

Con el decreto del Gobierno se les acaba esa coartada a los jíbaros. Pero, además, se manda un mensaje contundente de cero tolerancia con el narcotráfico en todas sus formas.

Con razón la Gobernadora del Valle y el Alcalde de Cali y, sobre todo, los padres de familia, respaldan esta decisión del gobierno. Los únicos que la critican son los ‘progres’ de siempre que no conocen lo que pasa en las calles y desde sus cómodos olimpos se la pasan clamando porque se respete “el libre desarrollo de la personalidad”.

¡Como si ese derecho les diera licencia a los jíbaros para enganchar a los niños de este país a su sucia mercancía! Seamos realistas, por Dios: no estamos en Dinamarca, sino en Cundinamarca.

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