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Cultivando la estupidez

La muerte de siete campesinos la semana pasada, en zona rural de Tumaco, es consecuencia directa de la errática política de lucha contra los cultivos ilícitos del Gobierno Nacional.

13 de octubre de 2017 Por: Diego Martínez Lloreda

La muerte de siete campesinos la semana pasada, en zona rural de Tumaco, es consecuencia directa de la errática política de lucha contra los cultivos ilícitos del Gobierno Nacional. Estrategia que ha desembocado en un crecimiento exponencial de esos cultivos en el país, durante los últimos años.

Varias ONG de claro sesgo ideológico han aprovechado esas muertes para desprestigiar a la Fuerza Pública y, sobre todo, para deslegitimar la erradicación forzosa de cultivos.

Entre esas ONG está una cuya sola existencia es insólita: La Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, creada en enero pasado con el supuesto propósito de ayudar a implementar el punto cuatro de los acuerdos de paz de La Habana, que se refiere, precisamente, al tema de los cultivos ilícitos.

Como dice el senador Alfredo Rángel, “por principio no puede haber una organización de este tipo, pues propicia la idea de que los cultivos de coca son legales”. Al paso que vamos, la siguiente organización que surgirá será la Coordinadora de Atracadores, Raponeros y Fleteros, Carafle.

Pero más allá de que su existencia es absurda, la Coccam, desde que se creó, ha aportado muy poco a la erradicación de los narcocultivos. Al contrario. Esta peculiar organización ha estado detrás de muchas de las marchas que se han hecho para entorpecer la lucha contra esos cultivos.
Ese punto cuarto de los acuerdos establece que el Gobierno le da la oportunidad a quienes viven de esos cultivos, de sustituirlos voluntariamente. Y a quienes no accedan por las buenas, se les aplicará la erradicación forzosa.

Tal estrategia es de una ingenuidad que raya con la estupidez. Por la simple razón de que los cultivadores de coca tienen muy pocas razones para cambiar de actividad por las buenas.

Primero, se trata de un negocio muy rentable. Las matas de coca son prácticamente una maleza que se da silvestre, requieren de pocos cuidados y se cosechan cada tres meses. Además, la coca tiene comprador garantizado.

Como si fuera poco, los grupos ilegales ejercen una enorme presión sobre los cultivadores para que a ninguno se le vaya a ocurrir dejar esa actividad. Con lo cual, la estrategia gubernamental está condenada al fracaso.

La única forma de que esos ‘campesinos’ cambien de actividad es dándoles razones para ello. Así suene muy poco incluyente, como dicen ahora.

Por ello, es un error mayúsculo haber abandonado la aspersión aérea, sobre todo, porque es evidente que fue para darle gusto a las Farc. Ese método es mucho más efectivo y seguro que cualquier otro. Una avioneta en un día cubre lo que unos erradicadores manuales en una semana. Y, además, se corren mucho menos riesgos porque a las avionetas no las pueden bloquear.

Si de verdad el Gobierno quiere reducir ese mar de coca que hay en el país, debe regresar a la aspersión aérea.

Una vez que esas matas estén marchitas, será mucho más fácil convencer a los cultivadores de que siembren algún producto legal.

Claro, ese es apenas el comienzo de la estrategia. El Gobierno tendrá que ayudar a los campesinos con financiación, mejorar las vías terciarias para que puedan sacar sus productos y adoptar mecanismos de comercialización que garanticen su venta.

Insisto: esperar que con el único aliciente de volverse ‘legales’ los cultivadores de coca se pongan a sembrar tomates es de una candidez infinita.

Sigue en Twitter @dimartillo

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