Urge acuerdo nacional

Se requiere con urgencia un gran acuerdo político nacional para aplicar soluciones que permitan al país superar las crisis en la Justicia, la que venía de atrás y la que se ha creado con la irrupción de una JEP laxa en decisiones y desbordada en competencias y funciones. El sistema judicial tiene una imagen desfavorable de 79% entre los colombianos, según la última encuesta de Gallup, percepción que afecta la legitimidad de nuestra democracia.

Por la falta de concertación se está engendrando una fuerza in crescendo que pregona que atacar la JEP es volver polvo los acuerdos de La Habana. O que cualquier cambio en la Justicia destruye la paz. Sabemos que es un discurso falso y efectista que ha calado nocivamente, muchas veces amplificado por algunos medios y líderes de opinión que presentan como anormal cualquier iniciativa democrática que busque fortalecer las instituciones. Mientras los defensores de oficio del modelo imperante hacen su trabajo con esos mensajes, Colombia sigue indefensa frente al delito y la comunidad internacional observa sorprendida fallos y leyes que debilitan la Justicia, como en el caso de la extradición que afecta la cooperación judicial del país y del glifosato que mina la lucha contra el narcotráfico.

El gobierno, los partidos políticos, las Cortes, la Fiscalía y la Procuraduría deben abrir un diálogo urgente que permita impulsar las aplazadas reformas constitucionales y legales que acaben con los conflictos entre instituciones judiciales y devuelvan coherencia y credibilidad a la Rama. Esto incluye, reglas para erradicar la politización, y así volver a los tiempos en que los magistrados hablaban por sus fallos emitidos en Derecho y no como ocurre hoy con la JEP que al estilo de políticos en campaña opinan por los micrófonos sobre lo divino y lo humano. Reglas que precisen de una vez por todas el alcance de las funciones de la interina JEP frente al resto del sistema, enfocándola a los límites puntuales del mandato para el que fue creada -y evitar excesos como los expuestos por las valientes magistradas Rodríguez y López en su reciente salvamento de voto-. Reformas que, además, preserven la tradición nacional de apego a los compromisos internacionales, incluida la extradición, vital en la lucha contra todas las formas del crimen transnacional. Y que fortalezcan las políticas contra el narcotráfico, delito que está en el centro de la violencia crónica que vivimos y que está aprovechando el caos judicial reinante para crecer a sus anchas con esperanza de impunidad.

La decisión contraevidente en el caso ‘Santrich’ con todas sus consecuencias internas y externas, y la situación complaciente frente a los ausentes ‘Romaña’ e ‘Iván Márquez’, son alertas de que si no reaccionamos a tiempo la seguridad jurídica del país estaría en serio peligro. Por encima de las ideologías y de animosidades clientelistas, los Partidos deben asumir con grandeza el diálogo con miras a un acuerdo institucional. Un acuerdo de los partidos políticos no solo aseguraría que los temas se tramiten en el Congreso con éxito, sino que permitiría contrarrestar las cruzadas de desinformación que han conducido dentro y fuera del país a creer erróneamente que la JEP es intocable, y que cualquier ajuste que se le haga amenazaría la paz. Y sobre todo, permitiría avanzar en la construcción de un marco de justicia que contribuya al objetivo final de una paz sostenible en el tiempo.