Una carta de mala leche

Una carta de mala leche

Marzo 17, 2019 - 11:55 p.m. Por: Claudia Blum

No había terminado de anunciar el presidente Duque las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, cuando algunos exnegociadores, exguerrilleros, políticos, académicos y empresarios lanzaron una carta dirigida a confundir a la comunidad internacional, acusándolo ante la ONU por los reparos que formuló haciendo uso de su facultad constitucional.

La carta presentó las objeciones como una amenaza a la “independencia y la autonomía” de la JEP y a los derechos de las víctimas. No precisó cuáles producían ese impacto, pues solo buscaba crear caos informativo.
Por el contrario, si los seis artículos objetados son rectificados en el Congreso, ganan la justicia genuina y las víctimas, pues sería posible asegurar reparación integral, verificar los listados de candidatos a los beneficios judiciales, perseguir a los responsables -sin excepción- de delitos de lesa humanidad, garantizar continuidad en las investigaciones y evitar que se debilite la extradición por delitos posteriores a la vigencia de los acuerdos.

Se refirió la carta en tono apocalíptico a las reformas constitucionales que plantearía el Gobierno y mencionó un supuesto cambio en la investigación y juzgamiento de la Fuerza Pública. Otra falsedad. Los temas anunciados por el Presidente para dos actos legislativos solo se refieren a sanción rigurosa para los delitos sexuales y exclusión de beneficios para reincidentes, dentro del fin constitucional de justicia, reparación, verdad y no repetición.

Los signatarios presentaron la decisión del Gobierno como un acto arbitrario con intención de desprestigiarlo ante el mundo, sin explicar que las objeciones legislativas son propias de las democracias y hacen parte del proceso legítimo en que distintas ramas participan en la formación de la Ley.

Se evidencia mala leche cuando los firmantes hacen sus planteamientos con citas incompletas y selectivas de pronunciamientos de la ONU y de la Fiscal de la CPI que reconocen la importancia de la JEP y de su marco legal. Habría sido más honesto decir que la Fiscal ha reconocido también “la importancia fundamental de una auténtica rendición de cuentas -que por definición incluye sanciones efectivas-”, y que la ONU y su Consejo de Seguridad en múltiples resoluciones han enfatizado que “todos los Estados tienen la responsabilidad de poner fin a la impunidad y de investigar y enjuiciar a los responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros crímenes atroces”.

La carta no tuvo la resonancia esperada por sus autores, pero es tendenciosa y busca golpes de opinión contra el Gobierno. Terminan diciendo que son conscientes del significado que tiene para nuestro país y para el mundo el éxito de nuestro “modelo de justicia transicional”.
Otra frase capciosa, porque, ¿cuál puede ser el aporte a una paz duradera de un modelo de ínfimas ‘sanciones’ a responsables por reclutamiento de niños, violencia sexual, desplazamiento forzado, homicidios en personas protegidas, actos de terrorismo o secuestros? y ¿cuál puede ser el valor de ese modelo de impunidad para conflictos de África, Medio Oriente y Asia que han padecido esos monstruosos crímenes? La carta pareciera reflejar un temor a que, con las objeciones, el mundo comience a descubrir que ese marco de ‘justicia transicional’ está configurando la mayor impunidad frente a crímenes atroces en la historia reciente y la comunidad de naciones habrá de refutarlo en próximos años.

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