No afianzar la politiquería

De acuerdo con el Comparative Constitutions Project, de las universidades de Texas y Chicago, solo en doce países las Constituciones que rigen tienen más de 100 años. Entre ellos están Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Canadá y México. En promedio, las constituciones del mundo son jóvenes.

Entre 193 naciones, 122 tienen Cartas Magnas vigentes adoptadas en los últimos 50 años. De este último grupo, los países con más enmiendas parciales son Suiza, Georgia, Brasil y Colombia. En nuestro caso, la Constitución de 1991 lleva ya 45 reformas aprobadas en el Congreso.

Tenemos una democracia con notables avances, pero la corrupción, el clientelismo, la falta de autonomía entre ramas del poder y la proliferación de partidos sin ideologías claras siguen siendo debilidades difíciles de erradicar.

Por eso, periódicamente aparecen reformas políticas para resolver esos problemas. En la más reciente avanzan temas positivos, como las listas cerradas por partido. Las he defendido desde mis años en el Congreso porque contribuyen a combatir las microempresas electorales y la compra de votos, a mejorar la representación y a controlar el financiamiento de las campañas.

Sin embargo, preocupan figuras que no parecen encaminadas a resolver algún problema estructural constitucional, sino a resolver ambiciones particulares de sectores específicos. Por ejemplo, facilitar el transfuguismo entre movimientos políticos parece un mecanismo diseñado para abrir el camino a personas o partidos que quieren recoger adeptos en las siguientes elecciones, así debiliten el objetivo de la coherencia ideológica partidista.

Así mismo, modificar las inhabilidades para que los congresistas puedan ser ministros de un día para otro sería un golpe a la independencia entre Legislativo y Ejecutivo, propia del régimen presidencialista.

Con ese cambio, cualquier gobierno sin mayorías en el Congreso las logrará con promesas ministeriales, para apabullar la oposición. También sería cuestionable permitir a los congresistas elegidos por cuatro años, aspirar a elecciones territoriales sin renunciar con debida anticipación, pues tendrán sin duda una ventaja frente a aspirantes locales.

Propuestas de este tipo, desconocen que en nuestro país hay gente capacitada en sectores sociales, académicos, del mundo privado y de los mismos partidos, que pueden ocupar ministerios, alcaldías o gobernaciones, sin necesidad de asumir que solo los congresistas son los llamados a ocupar esas posiciones.

En cuanto al voto obligatorio, son discutibles sus beneficios frente a los costos políticos. Creo que la libertad de votar incluye la de abstenerse. En las democracias más estables y tradicionales el voto es libre.

Para vencer la abstención, lo importante es impulsar una cultura política desde la infancia, para que los ciudadanos sean conscientes del significado del derecho al voto y lo ejerzan con responsabilidad. En los países de América Latina donde la modalidad obligatoria se ha impuesto sobrevive la corrupción y algunos han desmontado esa figura porque se evidenció que los electores forzados quedaron incluso más expuestos a la manipulación de estructuras electorales que compran votos a cambio de favores.

Nuestra aspiración es que esta reforma política sirva para fortalecer la democracia. Debemos estar alertas para que en los debates que siguen no se use este proyecto para beneficiar de forma camuflada las prácticas clientelistas y la concentración del poder en unos pocos.