La Constituyente

Como el senador Vélez preguntó, en reportaje concedido a El País, que dónde está la trampa en el proyecto Uribista de Asamblea Constitucional (que tal vez él mismo denominó “Constituyente”) yo me propongo contestarle pues, aun cuando en 1991 no había de por medio “trampa” alguna, yo sí encontré un vacío y lo llené mediante proposición presentada el 1º de mayo de 1991 que, con modificaciones, fue aprobada dejando la nueva Constitución ella sí blindada contra los ataques que ya se vislumbraban.En efecto el gobierno Gaviria convocó una “Asamblea Constitucional” y con ese nombre se nos entregaron la papelería, las credenciales, etc.…En mi libro Partitura indiscreta narro el revuelo que causo la iniciativa que nació de los rumores que había de que ya se estaban interponiendo demandas en la Corte Suprema y el Concejo de Estado que podrían poner en peligro la existencia misma de la Asamblea o la reforma que de ella saliera.Consideré entonces y así lo expresé, que la única norma que podía aplicarse a nuestras labores era el Reglamento que nos habíamos dado y que por lo tanto la Constitución de 1886 con sus modificaciones no nos era aplicable y, por ende, ninguna ley.Surgió entonces la Soberanía Popular con todo su poder y en esa misma sesión del 1º de mayo aprobábamos el primer Acto Constituyente de Aplicación Inmediata que revolucionó el funcionamiento de la entonces sí Asamblea Constituyente.Recordamos que el gobierno había sometido a la Asamblea los temas que normalmente se presentarían a una Asamblea Constitucional, si es que esa figura existe, y que yo descarté por lo ya arriba explicado.Recomiendo al senador Vélez y a los juristas del Uribismo (recordándoles que por ahora soy neutral en la pelea Uribe – Santos) que estudien con cuidado el tema en las gacetas de la Asamblea y en dos o tres libros míos que cuentan esta historia. Lo mismo puede aconsejarse a los escuderos de Santos y a su Ministro de Justicia.Un último tema Constitucional, antecedente importante de la actual crisis de la vicepresidencia, el cual también he tratado en varios escritos es la salud de los funcionarios.Narré hace años, y lo he repetido en varias ocasiones, que en la Asamblea Constituyente mi colega y amigo Alberto Zalamea presentó un proyecto que disponía que el Presidente de la República tenía que someterse anualmente a un chequeo médico para establecer su condición física y mental.Alberto era mi colega y amigo en el MSN pero sabiendo que la idea surgió para fastidiar a Virgilio Barco, resolví votar en contra y, de hecho, derrotamos la proposición.En ese entonces nos faltó malicia pues con algunas adiciones el artículo hubiera sido útil no sólo para el Presidente si no para otros altos funcionarios que a ratos parecen locos, si no bobos.Como se ha dicho por muchos en esta oportunidad, la idea es que cuando se detecten los primeros síntomas de anormalidad, el Director del Instituto de Medicina Legal con el apoyo de neurólogos, psiquiatras o médicos generales haga una visita al funcionario (a la cual ni éste ni su familia podrán oponerse) y fundamente su diagnostico ante una sala ad-hoc integrada por el presidente de la Corte Constitucional, la Suprema de Justicia y el Consejo de Estado; si es un funcionario distinto del Presidente de la República pero ha sido designado por éste o incluido en una terna o se trate del vicepresidente, el Presidente será invitado a las sesiones en que deba hacerse público el diagnóstico.Yo, que no me he arrepentido de casi nada de lo que hizo la Asamblea Constituyente, si me arrepiento de esta omisión no aplicable a una isquemia cerebral no masiva.