Qué extraña defensa

La semana pasada la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, señaló que en los procesos en los cuales interviene la Defensoría Militar (Demil) se ha vuelto costumbre “el cambio de abogados para dilatar los mismos”, lo cual calificó como prácticas de deslealtad procesal. Los casos en cuestión son el de las ejecuciones extrajudiciales (mal llamados falsos positivos) de Soacha y el juicio del subteniente Raúl Muñoz Linares, presunto asesino de los tres niños Torres en Tame (Arauca).Según la ficha de inscripción para afiliados, Demil es “una asociación sin ánimo de lucro destinada a la defensa, protección, promoción y divulgación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Propende por el acceso eficaz y eficiente a la administración de justicia de sus afiliados dentro del marco jurídico de orden nacional e internacional, en busca de una sociedad justa y equitativa”. En la ficha, cada militar activo que desee afiliarse, autoriza el descuento del 0,95% de su nómina y con ello garantiza asistencia jurídica “a partir del momento en que estén siendo investigados por conductas de trascendencia penal, disciplinaria y administrativa, producto de las contingencias del conflicto armado y los riesgos del servicio”.¿Por qué la Fiscal enfila sus baterías en contra de una organización con tan loable objetivo como el de proteger jurídicamente a los miembros de nuestro Ejército? Simple. Desde que en marzo de 2008 Eduardo Páez y Daniel Pesca fueron reportados como ilegales dados de baja en combates con tropas del batallón Rafael Reyes de Cimitarra (Santander), el de ellos es el único caso de ‘falsos positivos’ que en tres años ha llegado a los estrados. El viernes pasado en un hecho histórico fueron condenados ocho militares por homicidio y desaparición forzada. Sin embargo, este caso tuvo seis aplazamientos y, tal como sugiere la Fiscal, por “maniobras de la Defensa” las otras 17 muertes de jóvenes de Soacha en los cuales están implicados 60 militares, no han superado siquiera las audiencias preparatorias. El caso del subteniente Muñoz, es igual de insólito. Las maniobras dilatorias de Demil fueron denunciadas también por periodistas desde distintos medios de comunicación antes de que fuese asesinada hace ya casi tres meses la jueza Gloria Gaona, quien llevaba la investigación. Hace algunas semanas fueron capturados tres supuestos miembros del ELN a quienes se les atribuye el crimen y ahora, después de que a Muñoz le cambiaron los abogados ocho veces, Demil anunció que no seguiría con su defensa técnica porque “se había cometido un error en la interpretación de los estatutos”. Cosa rara, cuando con sólo leer la ficha de inscripción es claro que la asociación no podrá asistir a los afiliados que sean vinculados con procesos relacionados con delitos sexuales, entre otros. Extraño que Demil no supiera desde un principio que no sólo Jenny Torres fue violada por Muñoz antes de ser asesinada, sino que también lo fue una vecina de 14 años quien sobrevivió para contarlo y denunciarlo. Todos los seres humanos tenemos el derecho a la legítima defensa. Lo que sí esperamos es que no empiece a evidenciarse que desde las instituciones constituidas para protegernos, se estén poniendo cortapisas a unos juicios tan importantes. El comandante de las Fuerzas Militares, Édgar Cely, nos prometió “ningún tipo de maquillaje”, y eso debe cumplirse por más callos que se pisen.