Santoyo-Gate

Tuvo que ser un fiscal incorruptible, como Neil MacBride del Tribunal Federal de Virginia, el que pusiera en jaque a la justicia colombiana, a los altos mandos militares y al gobierno de Uribe con el llamado a juicio de su jefe de seguridad, el general Santoyo, quien se declaró culpable de colaborar con los paramilitares.El Santoyo-Gate puede tener las mismas implicaciones que el Proceso 8.000, de la parapolitica y la yidis-política, que hoy tiene entre rejas o huyendo de la justicia a funcionarios y congresistas de la época de Uribe. Curiosamente, al estallar el escándalo de los dineros de la mafia en su campaña, Samper dijo que había sido a sus espaldas. Tampoco Uribe asume las consecuencias de la organización criminal que se gestó en su círculo más cercano y, como Pilatos, tiene ampolladas las manos de tanto lavárselas.Se buscó extraditar a los peligrosos capos de la mafia y el paramilitarismo a EE.UU, para borrar esa etapa cruenta de nuestra historia, donde hubo la más perversa alianza entre políticos, narcotraficantes y paramilitares con el propósito de ‘refundar el país’, arrebatando tierras, masacrando y chuzando la vida privada de sus opositores. La extradición fue la ratificación de la impunidad, parte de nuestra idiosincracia, al querer amordazar a Mancuso, ‘Macaco’ y el ‘Tuso’ y descartar todo intento de recuperar tierras y reparar víctimas.El tiro les salió por la culata. Santoyo, que es el producto de esta sociedad enferma cuya premisa es “el todo vale”, va a cantar. A los jueces de allá, no les interesa salvar la dirigencia de esta democracia de papel. Y que tiemblen fiscales, generales, ministros, congresistas, que pusieron su firma y avalaron a un hombre que ocupó las más altas dignidades de la Seguridad Democrática, mientras tenía nexos con la peligrosa oficina de Envigado y pasaba información a la mafia sobre los operativos y procesos en su contra.Claro que una cosa es la justicia norteamericana y otra la nuestra. En declaraciones a un medio de comunicación una fiscal que investiga el lavado de activos, dijo que “no existen pruebas que comprometan al general Santoyo en Colombia”. ¿No dizque tenemos el mejor sistema de investigación contra el narcotráfico y el terrorismo del mundo?La ‘Silla Vacía’ hizo un descarnado informe sobre las figuras que le dieron el aval a Santoyo: Alfonso Gómez Méndez, cuando era Fiscal en abril del 2001, recibió denuncia anónima sobre las andanzas del entonces coronel con La Terraza y la interceptación de líneas telefónicas. La desestimó, pero más adelante lo llamó a indagatorio con otros oficiales del Gaula de Medellín, por su presunta participación en las chuzadas a 1.808 líneas telefónicas de activistas de derechos humanos entre 1997 y 2001. En 2003, Luis Camilo Osorio cerró la investigación por “no encontrar suficientes méritos”. Sostienen periodistas de ‘La Silla’ que a pesar de la Fiscalía, el procurador Edgardo Maya siguió investigando al coronel y el 9 de octubre del 2006 lo destituyó e inhabilitó para desempeñar cargos públicos por 5 años. Santoyo pidió la nulidad del fallo de la Procuraduría y una sala del Consejo de Estado, integrada por Tarcisio Cáceres, Jesús M. Lemos y Alejandro Ordóñez, le ‘suspendieron’ la destitución, por vencimiento de términos.Ni siquiera Santos está libre de culpa. En el 2007 recomendó a la Comisión Segunda del Senado, ascenderlo a general. Cecilia López, Juan Manuel Galán, Alejandra Moreno, Piñacué, se opusieron al ascenso pero Marta Lucia Ramírez, Carlos Emiro Barriga, Jairo Clopatosky, Ricardo Ariel, Luis Humberto Gómez Gallo, Adriana Gutiérrez, Manuel Ramiro Velásquez y Manuel Enrique Rosero sí avalaron la promoción. El general Oscar Naranjo es el único que se declaró responsable del ascenso de quien hoy tiene a Colombia en el ojo del huracán, porque la Justicia, el Congreso, el Gobierno y los militares se taparon los ojos ante la infiltración de las AUC, el narcotráfico y los sicarios de la oficina de Envigado en la cúpula de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe.