Preocupación sindical por el etanol

La industria productora de alcohol carburante sigue amenazada por las importaciones. Cerca del 20 % de lo que consumimos ya se trae de Estado Unidos. Ante esta situación primero alzaron su voz los representantes de la industria cañicultora y ahora dan la alarma los sindicatos que ven comprometida la estabilidad laboral de sus afiliados como consecuencia de esas compras injustificadas.

Propiciar la producción de etanol no fue embeleco de las autoridades. Al hacerlo tuvieron en cuenta consideraciones económicas y sociales que conviene repasar. En primer lugar, buscaban contribuir a la autosuficiencia energética como propósito estratégico de carácter nacional. En segundo termino, perseguían estimular el desarrollo de nuevos proyectos productivos y la generación de empleo en una actividad económica de inmenso potencial.

Para concluir, y no menos relevante, pretendían disminuir la generación de gases con efecto invernadero provenientes de un parque automotor que tan solo empleaba carburantes de origen mineral. En el propósito de limpiar la atmósfera el gobierno santos parecía tener tanta claridad que al adherir a tratado de París asumió el compromiso de disminuir en un 20 % las emisiones de CO2 para el año 2030.

La ola inversionista desatada por el etanol llevó a que en el Valle del Cauca se construyeran seis destilerías con una inversión de $225 millones de dólares, mientras Ecopetrol en los llanos orientales se embarcaba a través de Bioenergy en un megaproyecto similar. Este demandó recursos por $700 millones de dólares y se propone suplir el 38 % de las necesidades nacionales. En resumen más de tres billones de pesos se dedicaron al desarrollo de esta industria.

Sin embargo, sin tomar en cuenta sus propias razones y los costos incurridos, el indescifrable Gobierno actual decidió abrir las puertas a la importación de etanol procedente de Estados Unidos.

Las inquietudes del sector laboral quedaron plasmadas en una comunicación publicada la semana anterior por el Sindicato Nacional de la Agroindustria Colombiana, Sintra Agroincol, filial de la CTC, el cual agrupa a más de trece mil afiliados. El texto indica que la producción diaria de alcohol carburante en Colombia es de un millón doscientos mil litros, suficiente para atender la demanda interna, y agrega que el etanol nuestro disminuye en un 74 % las emisiones de gases con efecto invernadero mientras el estadounidense, fabricado con jarabe de maíz, solo las reduce en un 10 %.

El escrito también deja claro que el etanol proveniente del norte llega a precios inferiores. Tal aspecto está vinculado al número y tamaño de las instalaciones industriales, así como al volumen de las producciones obtenidas en aquel país, todo con base en fuertes subsidios del estado.
Frente a este negocio malo para Colombia, sus empresas y sus trabajadores surgen preguntas ineludibles: ¿Cuáles son las razones, la agenda oculta, para insistir en unas importaciones a todas luces perjudiciales? ¿Será que el beneficio particular de los importadores y distribuidores de combustibles debe primar sobre cualquier consideración social o ambiental? ¿Tiene algo que decir la Contraloría General cuando el Gobierno genera detrimento económico al crear condiciones de mercado que golpean duramente a esa empresa de su propiedad que es Bionergy?

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