Para salvar la democracia

La opinión pública no le ha puesto atención a la reforma constitucional que se tramita en el Congreso, y que podría tener efectos devastadores sobre la institucionalidad de la Nación. La mencionada reforma se encamina a crear un procedimiento legislativo especial para la paz, que agilice las reformas encaminadas a poner en práctica el Acuerdo Final firmado en La Habana.Según el articulado correspondiente, los cambios constitucionales relacionados con la paz se tramitarán en tres debates en lugar de los ocho exigidos por la Carta. El primero de esos debates se haría en una comisión legislativa especial o Congresito, integrada por las comisiones primeras de Senado y Cámara dominadas por la coalición de gobierno, más doce congresistas escogidos por las mesas directivas de las corporaciones. Las propuestas de modificación formuladas por los parlamentarios apenas serían de recibo durante ese primer debate y solo si son conformes con el acuerdo firmado y los lineamientos del Gobierno Nacional. En los siguientes debates no se aceptarían discusiones sino apenas aprobar o rechazar las iniciativas. El proyecto que se está tramitando en el Congreso no termina allí. También reduce a dos los debates para la aprobación de leyes relacionadas con la paz, y reviste al presidente durante tres meses prorrogables, para emitir decretos con fuerza de ley encaminados a asegurar la implementación del Acuerdo Final.Como aspecto importante se determina que con respecto a las normas dictadas por este procedimiento, la Corte Constitucional se limitará a examinar las cuestiones de trámite vinculadas a su aprobación, no pudiendo tocar su contenido o su fondo.Siendo las cosas así, el único marco que regulará la expedición de las reformas constitucionales y de las leyes sobre la paz, será lo firmado en La Habana. De esta manera el gobierno, impulsor y protagonista de los acuerdos, podrá incorporarlos a la constitución y las leyes de manera casi automática, sin control ni cortapisas. Es entendible que el presidente Santos desee un procedimiento ágil para hacer realidad lo convenido con las Farc. Pero una cosa es sacrificar la justicia dando un perdón sin retribuciones y otra muy distinta desmontar las garantías que conforman el andamiaje constitucional, poniendo en peligro la democracia.Un pronunciamiento reciente del Consejo Gremial da el tono sobre la manera como debería conducirse la etapa final del conflicto. Tras respaldar las negociaciones de La Habana, el Consejo señala que el acuerdo de paz tiene que ser respetuoso del Estado de Derecho. Además indica que el Derecho no es obstáculo para la conquista de la paz, agregando que esta “es el resultado de la plena realización de la Constitución y las leyes de Colombia, lo cual no impide que, preservando los valores que ellas plasman, sean, reformadas para cumplir los compromisos resultantes de un eventual acuerdo”.Frente a los poderes desbordados que se quieren dar al Ejecutivo los académicos, los empresarios, los opinadores y todas las fuerzas sociales debemos impulsar un marco mínimo de garantías. Este exigiría que las normas expedidas para hacer posible la paz respeten los principios democráticos que rigen la República, los derechos adquiridos a justo título y el modelo productivo. En otras palabras, la Constitución vigente.