Para que roben menos

Juan Martín Caicedo, Presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), concedió al periodista Yamid Amat un reportaje en el cual se dan luces sobre la corrupción relacionada con las obras públicas de municipios y departamentos. Según menciona el entrevistado, el 76% de las obras adelantadas en los departamentos y el 96% de las correspondientes a los municipios se entregan a oferentes únicos, esto es a puro dedo. Hablamos de un bocado que bien puede superar los diez billones de pesos en cada ejercicio anual.Pero la denuncia de Juan Martín en relación con las regiones no debe llevar a soslayar el inmenso problema de corrupción que se presenta en la contratación del Estado Central. Allá es donde se maneja la plata grande que incluye tanto lo relacionado con las obras nacionales como lo que se destina a salud, educación, alimentación escolar, defensa, etc. En su deseo de modernizar la infraestructura el gobierno ha adjudicado veinte vías de cuarta generación, cuyo valor ronda los cuarenta billones de pesos. La transparencia en esos procesos parecía fuera de discusión, hasta que en los últimos días se hizo evidente la turbia mano de Odebrecht repartiendo ají entre congresistas y servidores públicos de alto nivel. Y queda la idea de que en estas materias apenas se conoce la punta del iceberg. Para poner fin a la corrupción en la contratación de departamentos y municipios Caicedo planteó tres medidas. La primera es la adopción obligatoria del pliego único de licitación. Este mecanismo establece un modelo de condiciones contractuales con requisitos uniformes para todo el país. La ventaja del sistema es que evita la confección de convocatorias cuyos requisitos solo puede cumplir un proponente previamente acordado.La segunda medida planteada por el presidente de la CCI, es efectuar una reingeniería de las contralorías que funcionan en los entes territoriales. Esta acción es inaplazable si se considera que la mayoría de aquellos organismos sirven para poco y son botín de los politiqueros. Tales individuos eligen al contralor a cambio de que el escogido les entregue puestos y no husmee los contratos que ellos gestionan directa o por interpuesta persona con la administración. La tercera medida sugerida es la financiación total de las campañas electorales por parte del Estado. Este sin duda es un asunto que puede contribuir a que gente limpia llegue a la vida pública. Pero no hay que hacerse demasiadas ilusiones. Quienes pertenecen a la politiquería tradicional no van a cambiar sus malas mañas y podrían terminar comiendo por partida doble: recursos de la financiación electoral más los contratos y la nómina de siempre.¿Servirán las propuestas de Juan Martín? Si, su adopción con seguridad ayudará a que roben menos. Pero la solución verdadera solo es posible si se cuenta con un compromiso auténtico del Gobierno Nacional en la materia. Compromiso que de existir ya estaría desmontado la “mermelada” perversa, y desde hace años habría introducido ciertas normas elementales, apenas adoptadas ahora, para taponar la robadera a través de entidades sin ánimo de lucro. Además, se habría evitado crear situaciones de incompatibilidad manifiesta, como la que tiene bajo examen a una ex ministra por favorecer presuntamente, los intereses familiares de otra exfuncionaria cercana a sus afectos.Sigue en Twitter @antonderoux