La consulta prostituida

La consulta previa a las comunidades es un requisito para el desarrollo de obras de infraestructura, según lo dispuso con loable intención la Carta de 1991. Sin embargo esa figura en su forma actual, abre el camino para que se afecten sin motivo justo las posibilidades de desarrollo y generación de empleo reclamadas por los colombianos. En la práctica la consulta ha llevado con frecuencia, a que el interés de unos pocos prime sobre las necesidades de las grandes poblaciones.En el caso vallecaucano la situación tiene secuelas evidentes. La doble calzada a Buenaventura y el montaje de una nueva línea de suministro eléctrico al puerto, están afectadas seriamente por el trámite engorroso y lento de la consulta, y por los oportunistas que incluso se parapetan en comunidades creadas para la ocasión. Mientras tanto la parte mayor de los habitantes del litoral sufre privaciones y registra inquieta cómo los empresarios posponen proyectos productivos redentores. Ello porque no pueden ir a competir desde un lugar que carece de comunicaciones terrestres adecuadas y de servicios públicos confiables.Lo de la doble calzada al Pacífico es dramático. El ingeniero Gilberto Saa del Observatorio de la Infraestructura, envió recientemente unas fotografías impactantes. A lo largo de la doble calzada han montado una verdadera fábrica de viviendas improvisadas e ilegales. Su propósito es alegar la existencia de comunidades y parar la obra hasta la obtención de beneficios que no tienen sustento. El asunto puede dilatar por años la conclusión de la vía, perjudicando a los cientos de miles de habitantes del Pacífico. Ante esto uno no puede dejar de preguntarse a qué juega el alcalde de Buenaventura, quien evade actuar como autoridad de primera instancia para iniciar los desalojos, y en qué piensan los funcionarios del Ministerio del Interior quienes dejan dormir los procedimientos.Por vinculaciones profesionales con la Empresa de Energía del Pacífico, Epsa, he podido constatar los esfuerzos que desde hace años adelanta esa organización para dotar al puerto de una línea de suministro eléctrico adicional y de una nueva subestación. La obra podría evitar emergencias como la acontecida hace unos días. Pero si bien en muchos casos la consulta previa ha fluido gracias a comunidades y líderes conscientes de su responsabilidad con el litoral, hay situaciones en las que otros líderes y comunidades entraban las soluciones contribuyendo a dejar sin esperanzas e ingresos a los habitantes de la región. A este desatino se suma la falta de una reglamentación legal que establezca criterios de eficacia y plazos perentorios para las actuaciones del ministerio a cargo.Lo más lúcido sobre la materia fue dicho por Juan Martín Caicedo en su entrevista con Margarita Vidal de la semana pasada: “El país tiene que relegitimar el derecho de las comunidades a ser consultadas cuando se adelanta una obra que pasa por su territorio. Lo que ha pasado en el caso de Buenaventura, y perdóneme la expresión, es que ese derecho se ha prostituido y hoy, frente a obras tan importantes como esta, aparecen no solo comunidades legítimas que ejercen su derecho de ley, sino muchas otras de mentiras que salen hasta debajo de las piedras. Por eso insistimos en que la manera de corregir esa situación es con una Ley Estatutaria, ojalá prioritaria…”