Explicación necesaria

Al comenzar la semana anterior, los caleños fuimos sorprendidos por una información ajena a la realidad, lastimosamente acogida por algunos medios de prensa. Según esa versión la Personería de Cali había sancionado en fallo de primera instancia a la Gerente de Emcali, Cristina Arango y al expresidente de Metrocali, Armando Garrido.

Supongo que para Armando Garrido esa versión errada representa un latigazo más en el calvario que vive por atreverse a servirnos. Y es que este profesional pudo cometer errores, pero planteó soluciones de fondo para hacer sostenible el MIO a partir del esfuerzo conjunto del municipio y las organizaciones operadoras.

Se trata de un enfoque que ciertos empresarios vinculados al asunto no le perdonan. Estos desean que municipio y ciudadanos paguemos con el producto de los impuestos y sin justificación alguna, la totalidad de la factura correspondiente al sistema de transporte masivo. Lo triste del caso es que algunos, a pesar de obrar con buena fe, se han sumado al coro de los detractores sin caer en cuenta que con su actitud están haciéndole el mandado a algunas ambiciones sectoriales muy concretas.

Con Cristina Arango se presentó algo inesperado. Al día siguiente de aparecer la noticia sobre su sanción, se supo que renunciaba al cargo. No creo que éste fuera el único motivo para aquella determinación, pero pensaría que con esa gota se le llenó el vaso. El sentirse asediada y puesta en el escarnio público por cometer el pecado de defender la empresa insignia de los caleños, pudo haber quebrantado su ánimo.

La cuestión de fondo es que la Personería no estaba habilitada para investigar y fallar sobre el desempeño de Arango y Garrido. Tal es así porque según dispone el Decreto 262 del 2000, la función de investigar a los gerentes y directores de las entidades descentralizadas del orden municipal, es privativa de la Procuraduría Provincial. En otras palabras, si se hubiesen proferido los fallos que se dieron como un hecho, la Personería de Cali habría incurrido en el eventual delito de prevaricato.

Más aún, en el caso de Garrido la situación aludida fue puesta de presente por sus abogados en una audiencia celebrada el día 4 de mayo. Como resultado de los argumentos en la misma diligencia el Personero Delegado, Roberto Pérez Murillo, tomó la decisión de enviar el expediente a la Procuraduría Provincial.

Sobre este episodio los ciudadanos quedamos con varias preguntas que al Dr. Héctor Hugo Montoya, Personero de Cali, le corresponde dilucidar: ¿quién filtró desde la Personería la noticia de los hipotéticos fallos? ¿Acaso funcionarios de la Personería ya tenían preparados los veredictos respectivos violando la norma sobre competencias? ¿Será que esa filtración se hizo a sabiendas para tratar de influir en los procesos contra Garrido y Arango que deberán continuar ante la Procuraduría? ¿Por qué razón la Personería no rectificó las versiones de prensa sobre los supuesto fallos? ¿Pudo existir algún tipo de colusión entre los que filtraron las decisiones espurias y quienes tienen interés en dañar a los doctores Arango y Garrido?

Aclarar esta situación resulta indispensable para que sigamos confiando en el desempeño de la Personería. También para que tengamos certeza de su independencia frente a cualquier ambición de carácter empresarial o político.

Sigue en Twitter @antoderoux