¿Desplumarán a la CVC?

El Ministro de Medio Ambiente anunció un ajuste profundo al denominado Sistema Nacional Ambiental. Incluso se supo que las modificaciones implican el cambio de algunos artículos de la Constitución, y para materializarlo se acudiría al denominado fast track, procedimiento que permite el trámite abreviado de las leyes y actos legislativos relacionados con la aplicación del Acuerdo Final.

No hay duda de que la reforma de la autoridad ambiental es urgente. Dan cuenta de esta necesidad fenómenos como el de la tala indiscriminada y la desaparición progresiva de especies silvestres; las inundaciones persistentes y las avalanchas; la multiplicación de la minería criminal y los abusos de la minería legal; la notoria contaminación de ríos y acuíferos; y en general el deterioro creciente de los recursos renovables.

En el origen de la situación se encuentran las falencias del sistema de gestión ambiental. De ellas no se pueden dejar de mencionar la falta de coordinación en las políticas gubernamentales: cada ministerio jala para su lado sin importar los efectos de sus distintas estrategias en la ecología; la no asignación por parte del Estado de los recursos requeridos para protección y control; la corrupción, la politiquería, la indiferencia, y la pobre capacidad técnica que son común denominador en varias entidades oficiales vinculadas al sector.

Sin embargo, el problema más acucioso podría ser la dispersión de responsabilidades entre múltiples autoridades y actores. Y es que en estos temas intervienen el Ministerio ya mencionado, las corporaciones autónomas regionales, los organismos de control ambiental existentes en algunas ciudades y las autoridades policivas. A estas corresponde poner en práctica las determinaciones de las instancias antes mencionadas.

En lo que toca con las corporaciones autónomas regionales el proyecto que comentamos, tiene el pecado mortal de ser marcadamente centralista. En este orden de ideas, persigue incrementar la participación de funcionarios del Gobierno Nacional en los consejos de esas entidades, mientras disminuye la presencia de otros actores regionales.

En segundo lugar, la iniciativa busca que la sobretasa ambiental pueda destinarse a territorios distintos de aquellos donde se recauda. A esto se suma la idea de que la autoridad nacional disponga de los recursos de corporaciones bien manejadas en lo financiero, como es el caso de la CVC, para trasladarlos a organismos iguales de otras regiones, muchos de ellos corroídos por el desgreño y los malos manejos.

Pero hay que decir la verdad, lo que se busca en el fondo es acabar la autonomía de las corporaciones regionales, no sólo en lo financiero y en su capacidad de gestión, sino también en el desempeño técnico. Lo último es un despropósito porque el manejo técnico del medio ambiente se fundamenta en el conocimiento directo de las cuencas, los territorios y la biósfera. Una condición que difícilmente se cumplirá cuando distantes burócratas bogotanos de Minambiente sean los responsables de estos asuntos.

El proyecto anunciado podría provocar el desbarajuste y la ‘desplumada’ de nuestra corporación regional, que hoy es autosostenible y exhibe un patrimonio respetable forjado a lo largo de varias décadas. Ante tal desatino los vallecaucanos debemos cerrar filas para defender la CVC, que es patrimonio nuestro.

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