Corrupción y política

La amenaza más grande que afronta Colombia no es el desafío guerrillero, ni la agobiante inseguridad ciudadana. Lo que nos tiene en jaque y está carcomiendo las entrañas del Estado y las finanzas públicas, es la corrupción galopante. Ésta se chupa los recursos destinados a los más pobres y necesitados, las partidas requeridas para incrementar la calidad de vida, ofrecer mejor salud, educación, infraestructura. Son dineros sustraídos de la cadena productiva, que no dan empleo ni beneficios, que por su origen manchado deben permanecer escondidos. Con una corrupción desbocada como la que nos aqueja son imposibles la equidad social, el desarrollo económico, la eficiencia. En contraste con esta realidad, queda la impresión de que nuestro país no ha comprendido la dimensión de lo que está en juego. De manera distinta a como aconteciera con el narcoterrorismo, no se ve una voluntad contundente, una movilización general, una estrategia del Estado encaminada a eliminar la venalidad en la administración de los recursos públicos. En este contexto el Estatuto Anticorrupción recientemente aprobado, es una buena señal. Pero una señal débil, orientada a atacar los síntomas, no las causas. La verdad evidenciada por los escándalos y los saqueos, es que estamos haciendo poco y de manera desarticulada. Uno debe preguntarse entonces, a qué es atribuible esa falta de soluciones verdaderas en un asunto tan crucial para nuestro futuro.Mi opinión es que los legisladores y los gobiernos de turno siempre han encarado la corrupción en el sector oficial, como si fuera un problema de conductas individuales. Ese enfoque es equivocado. Los directorios políticos se encargan de hacer nombrar secuaces en cargos cruciales. Los designados retribuyen el honor entregando puestos y contrataciones a sus organizaciones y a sus superiores. Cuando el nominado cae en desgracia por incompetente o torcido simplemente lo recambian. Vendrá otro de la misma calaña, del mismo partido, con los mismos jefes a completar la obra dañina. Al que le queden dudas sobre la necesidad de modificar las cosas para atribuir responsabilidades a los partidos y a los jefes políticos, les recuerdo el caso de Bogotá. El Polo Democrático llevó al primer cargo de la ciudad a una persona a la postre suspendida por incompetente, y por ciertas sombras en sus prácticas contractuales. Al Polo que no supo escoger candidato, cuyos directivos intentaron tapar por todos los medios el curso de los acontecimientos, y que es en últimas el causante del desastre capitalino, no le pasará nada. Incluso contará con el premio de una segunda oportunidad, le está permitido conformar la terna de donde saldrá el nuevo alcalde. Aquí en el Valle del Cauca, para no ir muy lejos, habría sucedido algo semejante si el Gobierno Nacional no le sale al paso a las aspiraciones continuistas del Doctor Abadía y su grupo político.Queda una cuestión final ¿será nuestro Legislativo capaz de aprobar una reforma que atribuya responsabilidades a los partidos por sus vínculos con los funcionarios incompetentes y deshonestos? Sobre esto no se puede ser optimista. Los grandes beneficiados del sistema actual son organizaciones políticas que respaldan las andanzas de muchos de los padres de la patria, y les hacen posible mantenerse en el Congreso.