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Durante las últimas semanas, la agitación social en Colombia ha venido creciendo....

12 de agosto de 2013 Por: Antonio de Roux

Durante las últimas semanas, la agitación social en Colombia ha venido creciendo. Agricultores, mineros, transportadores, educadores y habitantes de varias regiones, se suman ahora a la lista de los inconformes. Las vías de hecho y el bloqueo de caminos se han vuelto usuales. Al final las cosas son resueltas mediante paños de agua tibia, léase subsidios y traslados del presupuesto nacional. Queda la impresión, sin embargo, de que no se llega a soluciones de fondo, apenas se compra tiempo. Un buen observador registraría que las protestas son síntomas de un mal mayor. Indican que algo estructural no está funcionando, y el Estado es en muchos aspectos impotente. Lo anterior significa en buen romance que la Constitución Nacional necesita ajustes mayores. Asuntos trascendentales como el sistema político, incluyendo la organización y funcionamiento de las cámaras legislativas; la estructura, competencias y eficacia de la rama jurisdiccional; el régimen territorial y el modelo de gestión regional, claman por correctivos urgentes. Con respecto al asunto territorial es preciso recordar que en las soluciones para el Catatumbo no han contado las autoridades locales. La explicación radica en que los funcionarios de ese nivel, quienes viven en contacto directo con los ciudadanos, carecen de competencias y de medios. Nuestra estructura institucional puso estos recursos en manos de los distantes burócratas bogotanos, quienes desconocen lo que pasa en la profunda Colombia campesina. Allá donde cohabitan el olor a trapiche y los sonidos del bosque junto a la falta de oportunidades.Ahora bien, sería vana ilusión pretender que reformas de este calibre sean adoptadas mediante Acto Legislativo por el Congreso. No son pocos los parlamentarios que se benefician del desastre actual, canalizan recursos hacia las regiones y reciben a cambio cuotas burocrática y prebendas Además, tienen un matrimonio de mutua conveniencia con la rama judicial. Por eso prefirieron ser inferiores a la historia, quedar con fama de incompetentes antes que reformarla.La fuerza de las realidades lleva, entonces, a pensar en la necesidad de conformar una Asamblea Constituyente para que adelante aquellas reformas tan indispensables y tan aplazadas. La convocatoria tiene que hacerse porque el país lo necesita, no porque las Farc lo estén solicitando como parte de su estrategia oportunista y marrullera. Más aún, la cuestión requiere ser desvinculada totalmente de lo que pase en La Habana. Llegado a este punto hago una aclaración. Quienes creen que la Constituyente equivale a abrir una caja de Pandora sin orden ni límites, se equivocan. De acuerdo con el Art. 376 de la Carta, tal Asamblea no puede salirse del marco pre establecido: tiene alcances, período y composición precisos, definidos en la ley que ordena su elección. El Estado colombiano se convirtió en un adulto cuyos órganos no evolucionaron. Algunas de sus instituciones principales son primitivas y están enfermas. Pero las reformas no pueden inspirarse en los alaridos amenazantes de las Farc, ni confiarse a un Congreso como el que tenemos. El presidente Juan Manuel Santos debería volverse hacia los ciudadanos y convocar junto a ellos la Constituyente. Así nuestras instituciones tendrían la oportunidad de un inmediato resurgimiento.