6024455000Autoridad y conducta ciudadana
Es indispensable una autoridad que exija el cumplimiento de las normas y sea eficaz al sancionar los infractores
Hace unos diez o doce años las autoridades de Cali bajaron la guardia sobre la aplicación de ciertas normas esenciales para regular la vida en comunidad. Sin señales claras de los gobernantes el civismo, que se creía innato en los caleños, fue desapareciendo y se generalizaron conductas desordenadas e ilícitas contrarias al bien general. La actitud de aquellos mandatarios estaba originada en el desconocimiento, la vocación populachera o la falta de voluntad.
Por entonces comenzó a parecer cuestión normal hacer ruido hasta reventar; invadir el espacio público o los terrenos suburbanos; usar vehículos piratas; violar semáforos, carriles y señales de tránsito; taponar con deshechos los canales y sumideros; irrespetar a la autoridad. Y sigue una larga lista de conductas similares.
Frente a esta circunstancia deben reconocerse los esfuerzos iniciados desde la administración anterior y que ahora continúan con fuerza, para traer el orden a nuestra Gran Casa Caleña. Algunos titulares de prensa dan cuenta de esta determinación:
-“Pondrán fin al caos de la publicidad exterior de Cali”. La nota correspondiente indica que se impondrán multas hasta por $29 millones en el propósito de proteger y defender el paisaje como patrimonio ecológico de Cali.
-“Estudian planes para rehabilitar los farallones”. Al respecto la información explica: “Autoridades unirán esfuerzos para frenar la maquinaria minera y fomentar el ecoturismo”
-“Buscan evitar desbordamiento de ventas en el espacio público”. El complemento destaca que en la época decembrina se activará un extenso plan de control.
-“Municipio pondrá orden a camiones de comida”. Sobre este particular se profundiza en la nota anunciando regulaciones para el manejo del espacio público.
-Otro titular habla de una ‘Nueva estrategia para frenar la piratería’ y señala que se vienen cancelando las licencias de los infractores.
A estas noticias hay que agregar los avances para liberar de ocupantes ilegales el jarillón del río Cauca, proyecto que implica rescatar el dominio de un bien público esencial.
Las iniciativas referidas son un buen comienzo, pero es necesario que se consoliden resultados concretos en cada uno de aquellos capítulos. También se requiere enviar un mensaje contundente sobre aplicación de la ley con respecto a otros asuntos. Es el caso de las invasiones en las laderas, que ponen en riesgo a los moradores y acarrean una avalancha de contaminación sobre nuestros ríos.
Los caleños no entendemos, por ejemplo, cómo es posible que en la cara nororiental del cerro de Los Cristales se desarrolle a la vista de todos una nueva invasión. El hecho acontece sobre terrenos que tienen carácter de bienes públicos, en los cuales las normas vigentes son claras al prohibir las construcciones. ¿No será que es necesario revisar las capacidades profesionales de los funcionarios encargados de defender en materia jurídica los intereses colectivos?
La cuestión de fondo es que las conductas de los habitantes no se adecúan al bien general por simple generación espontánea. Es indispensable una autoridad que exija el cumplimiento de las normas y sea eficaz al sancionar los infractores. Pueda ser que se conviertan en realidad las oportunas palabras de la secretaria de Seguridad y Justicia de Cali, cuando anuncia que no se va a dar el brazo a torcer en estas materias.
