Defensa integral del Estado

Defensa integral del Estado

Junio 06, 2011 - 12:00 a.m. Por: Álvaro Valencia Tovar

El Estado, en la concepción democrática republicana responde al querer mayoritario de la nación. Por lo tanto, la sociedad que lo adopta debe congregarse a su alrededor para defenderlo ante peligros reales o inminentes. Esta fusión implica en primer término la identificación de esas amenazas y la disponibilidad de instrumentos capaces de asegurar su existencia y defenderlo cuando aquellas se materializan en realidades que hacen peligrar su misma existencia.En el caso de conflictos armados internos, se desdibuja esta claridad. Divergencias ideológicas, confrontaciones partidistas, intereses políticos, convergen para diluir los riesgos, engañar la opinión pública mal informada, ridiculizar los llamados que los órganos del poder nacional hacen para encarar los peligros y los organismos de seguridad requeridos de solidaridad y apoyo ciudadanos reclaman para el cumplimiento de su misión.Lo más grave que puede ocurrir en este cuadro asimétrico de la situación, es que las disidencias internas terminen por desarticular la gestión de los diversos organismos del Estado y, por ende, los fundamentos de la defensa integral. Mucho nos tememos de que algo así está ocurriendo en nuestro país, con las conductas contrapuestas que el instrumento judicial y algunos organismos de control asumen frente a la amenaza criminal, disfrazada de protesta ideológica que engaña y atrae a sectores inconformes o decepcionados del régimen vigente.Para quienes con sólidas experiencias y visión objetiva desprovista de intereses políticos o electorales seguimos el curso de los acontecimientos, causan justificada alarma fallos y sentencias de las Cortes y del Consejo de Estado que parecen aislar a quienes los dictan de la realidad del país y de la defensa integral de ese Estado del cual son parte esencial. Con el narcoterrorismo golpeando a diario tanto a estamentos de la sociedad como a fracciones militares y policiales, desconcierta por decir lo menos conocer la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la cual despoja de valor probatorio a los computadores del segundo jefe de las Farc, ‘Raúl Reyes’, y se estigmatiza la Operación Fénix como violatoria de la soberanía ecuatoriana, siendo así el Derecho Internacional valida el derecho de un país a obrar en territorio de otro cuando desde éste se le ataque y amenace. Además la Corte invalida las pruebas por ser obtenidas por el Ejército y no por autoridad judicial. ¡Señores! Se ejecutó una operación militar, no una diligencia judicial.

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