Una esperanza

El pasado viernes el Presidente de la República sancionó la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, que representa, sin lugar a dudas, un hecho histórico casi sin precedentes en la historia colombiana. El país parece que aún se encuentra atónito, si juzgamos por los pocos comentarios que sobre un acontecimiento tan trascendental aparecen en la prensa del pasado domingo. En los 65 años casi ininterrumpidos de conflicto interno que lleva Colombia, desde que comenzó la llamada “Violencia” de los años cincuenta, por allá en el segundo semestre de 1946, apenas si hemos conocido intentos tímidos de reparar y de escuchar a las víctimas, de devolver las tierras perdidas, de construir sentido con respecto a lo sucedido, de organizar una memoria que permita integrar unos sucesos traumáticos en una trama institucional. La nueva ley, de realizarse efectivamente en la práctica (cosa que no es fácil), representa sin lugar a dudas una cuota inicial para un futuro proceso de reconciliación de los colombianos.¿Quiénes son las víctimas del conflicto? Durante los últimos tiempos todos los sectores sociales se han visto afectados; sin embargo, es un hecho que los mayores perjudicados han sido los sectores populares, por la vulnerabilidad que ofrece su posición. Y esto no es un asunto solamente de ahora, sino que hunde sus raíces en la noche de los tiempos. Nuestra violencia actual, a pesar de que se encuentra estimulada de manera fundamental por un elemento nuevo representado por el negocio del narcotráfico, remite al oscuro pasado de los años cincuenta.Como bien lo comenta el profesor Daniel Pécaut, la “Violencia” representó para los sectores populares una tremenda humillación, que se tradujo en un inmenso resentimiento, que en los años posteriores nunca logró transformarse en una perspectiva política viable. Las élites políticas promovieron el enfrentamiento durante la segunda mitad de los años cuarenta, pusieron a los campesinos a matarse y a destrozarse entre sí en los años siguientes en nombre de banderas partidistas, y una vez salido de madre el conflicto buscaron una solución apresurada en el llamado Frente Nacional, que impuso el silencio sobre lo sucedido e hizo muy poco por reparar a las víctimas, por compensar las pérdidas sufridas y por favorecer un regreso de los desplazados a sus lugares de origen. La supervivencia de los grupos guerrilleros desde los años sesenta en adelante, incluso las atrocidades que les hemos conocido, se pueden considerar en una buena medida como resultado de ese antiguo rencor, de esa deuda nunca saldada con los sectores populares. Bienvenida entonces la idea de que en el universo político aparezca con toda la fuerza, y con pleno reconocimiento legal, una nueva noción representada por la palabra víctima, como forma de enfrentar un problema cuyos orígenes se encuentran en los años cincuenta. Porque detrás de las víctimas están los sectores populares que son los que han puesto los muertos, han pagado los costos y han sufrido las más duras consecuencias. Una ley de víctimas significa tomar en cuenta y reconocer como actores legítimos a los marginados de siempre y constituye un gigantesco paso político como forma de integración de una nación atávicamente fragmentada, construida sobre la base de la exclusión de una inmensa mayoría de la población, que ahora podría acceder a una ciudadanía plena, si la ley logra imponerse y superar todos los obstáculos que tiene por delante. Por ese motivo, entonces, es una esperanza, un paso fundamental en un proceso de reconciliación nacional.