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Proceso de aprendizaje civilizatorio

Octubre 13, 2020 - 11:40 p. m. Por: Álvaro Guzmán Barney

En el Estado moderno occidental, que mantiene una pretensión al monopolio legítimo de la violencia, la relación de dominación fundamental es entre sus instituciones y los ciudadanos. Entre ambos polos se estructuran los procesos de democratización y de estructuración de la democracia, que es una forma de representación de los ciudadanos en el Estado. Es importante recordar que estos conceptos sociológicos son ‘ideal típicos’, es decir se diferencian siempre de las realidades históricas concretas. Precisamente, los analistas sociales más importantes de la realidad colombiana argumentan que el Estado colombiano está ‘en formación’, con variaciones regionales significativas y que su historia, desde la colonia, ha estado atravesada por la violencia, por lo legal y lo ilegal, por la configuración de una ‘débil corteza de civilización’. Pero algo se ha construido en el tiempo y no todo pasado fue mejor. En los últimos veinte años, con todos los comentarios críticos que se puedan hacer, Ley de Justicia y Paz promovida por el gobierno de Uribe (2005), permitió doblegar, aunque no acabar, el paramilitarismo. Posteriormente, con el liderazgo parlamentario liberal, se decretó una ‘Ley de Víctimas y Restitución de Tierras’ (2011), que reivindica a las personas que más han sufrido el conflicto armado.
Finalmente, en 2016 el gobierno de Santos sacó adelante un acuerdo de paz con las Farc que es un enorme paso adelante, después de más de cincuenta años de conflicto armado, aunque no el paso definitivo. Insisto: se ha avanzado, pero en medio del conflicto y de la violencia que también han cambiado su naturaleza con el tiempo.

En el contexto anterior se han estructurado las relaciones entre las Fuerzas Armadas del Estado y los ciudadanos. En el caso del Ejército, se ha avanzado desde una concepción de ‘enemigo interno’ y de justificación de los medios violentos por su eficacia, lo que hizo posible la legislación que dio pie a los ‘falsos positivos’, hasta un Ejército más centrado en los límites de la guerra y los nuevos requerimientos de la seguridad nacional. En el caso de la Policía, después de casos inadmisibles de atropello, el cuerpo policial se ha reformado, se ha tecnificado y ha interiorizado más y mejor los temas de la seguridad ciudadana y la defensa de los Derechos Humanos. Pero, estamos a mitad de camino, muy lejos de tener unas Fuerzas Armadas respetuosas de los Derechos Humanos. Usan la violencia, en muchas oportunidades de manera desmedida, como la norma a seguir con impunidad.

Por su parte, la ciudadanía, el polo opuesto de la dominación estatal, ha cambiado de manera notable. Esto se manifiesta claramente en las movilizaciones que se han llevado a cabo desde el año 2016. Un rasgo importante es que incluyen nuevos temas en la agenda pública como la defensa de la vida en paz, del ambiente y los eco-sistemas, de la estabilidad laboral, de sectores desprotegidos, campesinos, indígenas y afrodescendientes. Es significativa la participación en las manifestaciones de jóvenes y de mujeres que claramente propenden por hacerlo pacíficamente. Pero es cierto también que las manifestaciones se tornan violentas, por la manera como algunos sectores promueven los enfrentamientos directos con la fuerza pública y la manera como ésta responde. En medio del conflicto aparecen además sectores delincuenciales ‘lumpen’ que buscan el saqueo y la afectación de bienes. Terminan afectando la credibilidad de la movilización social.

Estamos en medio de un nuevo tipo de conflicto social en el que lo importante es promover ‘un proceso de aprendizaje’ colectivo en torno a la civilidad y la no-violencia, apoyado por amplios sectores ciudadanos. De ahí la importancia de la educación y de la cultura ciudadana.

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