Plebiscito y legitimidad

La firma del acuerdo de paz parece ser un hecho que no tiene reversa. Varias circunstancias permiten pensar así: desde el espaldarazo que por unanimidad le dio el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al proceso, hasta la manera prudente y pertinente con la que la delegación del Gobierno en La Habana ha conducido las conversaciones, organizadas en temáticas precisas en las que se han logrado acuerdos con un grupo guerrillero con el que se ha mantenido un conflicto político armado por más de 50 años. La oposición, que es bienvenida por los cauces democráticos, ha mantenido un discurso ‘furioso’ que parte de axiomas legales para argumentar que ‘la paz de Santos’ lleva a la impunidad. Contradictoriamente con su pasado de fuerza política, la oposición resulta defendiendo la impunidad imperante desde hace décadas, sin un acuerdo de paz.En las últimas semanas se han hecho debates de corte legal sobre la manera apropiada de introducir los acuerdos de paz al marco legal colombiano. Esta discusión es pertinente. En el trasfondo, hay tres posiciones: la del Gobierno y sus aliados que quieren hacer avanzar el proceso, incluso blindándolo ante instancias internacionales; la de quienes hacen argumentos jurídicos que buscan mejorar el marco legal también para avanzar y, la de quienes, de nuevo, buscan torpedear el proceso con obstáculos juridiscistas abstractos que no tienen en cuenta la negociación del conflicto armado que hay de por medio.Que los aspectos de legalidad de los acuerdos son fundamentales no tiene discusión. Pero no se puede olvidar algo fundamental: la legalidad se formula sobre acuerdos políticos entre el Gobierno legítimo y un actor armado que, en este momento, está dispuesto a deponer las armas para hacer oposición política democrática. De por medio hay un grave conflicto armado que ha durado varias décadas que finalmente se resuelve. Parece de la mayor importancia que la nación colombiana se pronuncie con el voto ciudadano sobre los acuerdos firmados. De esta manera el constituyente primario se asume como fuerza política y le da legitimidad a los acuerdos. Esto es fundamental y no debería soslayarse, después de cuatro duros años de negociación. Claro, es posible que la votación resulte negativa a los acuerdos. Entonces es probable que todo se deba desmontar y lleguemos a una situación de ‘trauma histórico’ en el que la nación va por un lado y las fuerzas políticas en conflicto por otro. Pero, si la votación tiene resultados positivos para el proceso de paz, entonces éste tendrá mayor fuerza social y política y seguramente se moverá en un marco legal apropiado.Claro está, detrás de todo hay un temor ciudadano por la conducta que seguirán las Farc. En primer lugar, sobre la dejación de armas y la adopción de la lucha exclusivamente política. En segundo lugar, sobre el alcance de los acuerdos, en términos del modelo general de Estado y de economía que debe imperar en Colombia. Sobre lo primero, todo indica que existe el convencimiento de parte de la Farc por dejar las armas. Más bien ellos mismos mantienen un temor por las posibles acciones armadas de los nuevos paramilitares. Sobre lo segundo, es claro que en el mundo de hoy no hay opción por fuera de una economía de mercado regulada y una forma de Estado liberal con capacidad de intervención. Pero ambos asuntos requieren fuertes retoques en la tradición colombiana como lo estipulan los acuerdos. No se necesita haber estado en la guerrilla para estar convencido de ello, de tiempo atrás.