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Ante la grave situación de seguridad, el periódico El Espectador reunió a...

22 de septiembre de 2010 Por: Álvaro Guzmán Barney

Ante la grave situación de seguridad, el periódico El Espectador reunió a representantes de Bogotá, Medellín y Cartagena en una mesa redonda con el General Naranjo. No es claro por qué no participó un representante de Cali, la ciudad con las peores tasas de homicidio en los últimos años, entre las cuatro ciudades. En la reunión, se mencionan aspectos claves para una política pública de Seguridad Ciudadana (El Espectador, septiembre 8/2010). La alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo, considera que ha tenido algún éxito a partir de un manejo coherente de las autoridades locales en el tema de la Seguridad. Se refiere a un comité “más técnico que político” que atiende los requerimientos específicos de la población afectada. Jesús Ramírez, gerente de Metroseguridad de Medellín dice, sin ambigüedades, que el principal problema de la ciudad es el crimen organizado, especialmente el vinculado con la distribución de droga, que domina territorios urbanos. Opina que la Justicia puede ser una garantía para los delincuentes y que es absurdo pensar en aumentar el castigo para los jóvenes. Andrés Restrepo, encargado de la Seguridad en Bogotá, llama la atención sobre las nuevas culturas urbanas y la necesidad de que la Policía las entienda y no las criminalice. Pero también argumenta que sólo el 6% de los detenidos por microtráfico son judicializados. Finalmente, el general Naranjo argumenta que en Colombia no hay “ciudades fallidas”, ya que la Policía puede entrar a cualquier zona urbana, tema cuestionable en mi opinión. Considera que parte de los problemas que se viven actualmente en las ciudades se debe a una “diáspora de actores ilegales armados”, por la arremetida de las autoridades. Haciendo gala de una concepción civilista, como policía, está en desacuerdo con aumentar las penas a menores infractores y en convertir a las víctimas en victimarios.Tres temas salen a relucir como importantes: la Policía, la Justicia y el apoyo de la administración y las fuerzas sociales locales. Es fundamental apoyar a la Policía en su tarea contra el delito en las ciudades. Pero se debe buscar eficiencia en la forma concreta de la operación policial, dados los distintos tipos de delito. Se puede sospechar que la Institución padece de un rasgo de burocratización y que responde, por conveniencia, sólo ante ciertos hechos. También se debe lograr un acercamiento con la población urbana, privilegiando a los sectores más desprotegidos, el contrario de lo que sucede ahora. Es clave que la Policía actúe en los marcos de la ley y no se preste a la corrupción que tantos ciudadanos argumentan con ejemplos. Pero la Policía no puede hacer todo. Hay un problema mayúsculo con la judicialización de los delitos, la administración de Justicia, la efectividad de las penas, especialmente del sistema carcelario. Ser víctima de un delito, acercarse a colocar un denuncio y seguir el trámite judicial es realmente un suplicio para el ciudadano. También aquí hay ineficiencia y corrupción. Finalmente, está el tema de las autoridades municipales y el acompañamiento de los distintos sectores de la sociedad civil. Se requiere de un liderazgo que agrupe esfuerzos en un proyecto social con objetivos civilistas. Hay experiencias pasadas positivas (Desepaz) y varias criticables en nuestra propia ciudad. Allí donde ha habido coherencia y acompañamiento ciudadano, como sucedió con las alcaldías de Peñalosa, Mockus y Fajardo y ahora con Judith Pinedo, la situación puede mejorar.