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Llano Verde

Septiembre 15, 2020 - 11:40 p. m. Por: Álvaro Guzmán Barney

En el marco de trabajos académicos, contabilicé 20.508 homicidios en Cali, entre 2004 y 2014. De éstos, el 58,4%, fueron víctimas menores de 29 años. Entre 2017 y 2018, la Comuna 15 tuvo 286 homicidios, de los cuales el 62,9% tenía menos de 29 años. Estas cifras indican la magnitud escalofriante de la violencia homicida en la ciudad y especialmente cómo afecta a los jóvenes de zonas periféricas. Este hecho debería ser de alta preocupación para las autoridades, para los líderes políticos locales y para todos los habitantes de una urbe que se pretende moderna y democrática, pero que no puede serlo con estas estadísticas. En este contexto, se presentó el pasado 11 de agosto una masacre de 5 jóvenes menores de 17 años, en el barrio Llano Verde de la Comuna 15 de Cali.

Los hechos sucedieron hacia la 1:00 p.m., cuando los jóvenes, que se habían bañado en un charco detrás de un colegio, se encontraban en el callejón de un cañaduzal cercano, muy seguramente comiendo caña. Allí fueron acorralados, por lo menos por tres personas y fueron acribillados a sangre fría. Al día siguiente, se conoció el caso y hubo una reacción de las autoridades nacionales y locales que implicó una investigación de 60 funcionarios y el envío desde Bogotá de 15 personas del Centro Estratégico de Valoración Probatoria del CTI de la Fiscalía. Dos semanas más tarde se había identificado y detenido a dos de los tres implicados que aceptaron haber participado en los hechos, pero que le atribuyeron el asesinato al tercero, aún no detenido, que está condenado por porte, tráfico y fabricación de armas y tenía detención domiciliaria (El Tiempo, 6 de septiembre/20). Hay que reconocer que hubo una investigación rápida, pero todo indica que detrás de hechos de esta naturaleza hay más por investigar, hay silencios que dicen mucho y manifestaciones ambiguas de las autoridades locales. Se requiere por lo menos plantear hipótesis sobre lo sucedido y tomar medidas para contrarrestar este tipo de violencia urbana que otros ejemplos, en Cali y en la región.

No se sabe cuál fue la conducta de la Policía Metropolitana sobre hechos que sucedieron al medio día y tampoco la explicación que dan de los mismos. Las autoridades de la alcaldía se limitan a rechazar el evento y a ofrecer dinero de recompensa que conduzca a la captura de los directamente implicados. Los propietarios del predio donde sucedieron los hechos no se manifiestan públicamente, como tampoco la dirigencia de los partidos o las organizaciones de la sociedad civil. Se han manifestado con claridad organizaciones comunitarias del barrio que indican que detrás de todo hay también violencia racial contra los jóvenes afrodescendientes. Estas mismas organizaciones y algunos académicos han mencionado la ‘falta de Estado’ en el barrio como determinante, pero esta es una explicación general que tiene alguna validez, pero que evade el análisis concreto sobre los hechos de violencia.

En mi opinión, lo sucedido es una manifestación de lo que se ha llamado ‘limpiezas sociales’ en textos académicos, es decir formas bárbaras y arbitrarias de someter sectores sociales que no se acogen a un pretendido orden social. En este caso, entra en juego el estigma sobre los jóvenes, pobres y afrodescendientes. El posible delito (¿contravención?) que cometieron fue entrar a un predio privado a comer caña y la respuesta que obtuvieron fue su salvaje asesinato. Esto habla muy mal de lo que sucede en nuestra ciudad y de todos nosotros si dejamos pasar este tipo de hechos.

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PD.
En otra columna me referiré a lo acontecido en Bogotá. No se puede responder con violencia a la violencia injustificable de unos policías.

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