¿Cuál es la solución?

Se sabía que una cosa era negociar la Paz y otra construir un país en paz. El expresidente Santos hizo un buen artículo sobre este tema, publicado en El País de España y reproducido en la edición dominical de El Tiempo hace unos días. No se tenía conciencia que el efecto positivo y general de una negociación podía ser inicialmente parcial y contradictorio, especialmente en la medida en que una parte de los grupos armados no se acogió a los acuerdos, pero también a que una parte también significativa de la población civil desarmada, ante todo urbana, no se acogió a los mismos y parece considerar que la mejor solución sigue siendo continuar en la guerra hasta vencer y rendir en combate al enemigo.

A pesar de las dificultades de poner en práctica los acuerdos de paz, de manera general se puede afirmar que el salto adelante ha sido enorme. Se refleja en disminución de enfrentamientos y de muertes, de heridos y personas afectadas por campos minados, de secuestrados y desaparecidos, entre otros. El apoyo de la comunidad internacional ha sido notable y aunque un sector del Centro Democrático propuso “hacer trizas el acuerdo de paz”, lo cierto es que el Gobierno está cumpliendo compromisos, parcialmente y con un presupuesto reducido. Así lo afirma el lunes pasado el presidente Duque en otro artículo publicado también por El País de España y lo confirman entrevistas con funcionarios encargados de poner en práctica la reinserción y los programas territoriales.

Sin embargo, hay localidades en las que se vive hoy una aguda confrontación armada. El mapa de la confrontación lleva a territorios donde se producen enormes riquezas de manera ilícita, especialmente con explotaciones mineras, cultivos de coca y procesamiento de cocaína. En estos territorios han vivido tradicionalmente poblaciones indígenas, negras y campesinas. Lo que sucede hoy es una guerra por el control armado de estos territorios, el desplazamiento de sus poblaciones cuando se oponen a la actividad ilícita y el asesinato de sus líderes. Algunos municipios del Norte del Cauca son representativos de esta situación de confrontación de grupos armados con la población local.

Es reconfortante saber que en las principales ciudades del país se han llevado a cabo manifestaciones en favor de la paz y en contra del asesinato de líderes sociales. Hay pronunciamientos en los medios de comunicación y visitas de la Comisión de Paz del Congreso, de la Defensoría del Pueblo y de funcionarios públicos, encabezados por la Ministra del Interior. Hay denuncia y oposición a lo que sucede, pero no se sabe bien cuál puede ser la solución. En el caso del norte del Cauca son 56 líderes indígenas asesinados en lo corrido del 2019. El gobierno regional ofrece recompensas. Las organizaciones indígenas piden que el Gobierno cumpla con los acuerdos pactados con las comunidades. Se pide presencia institucional del Estado. Se argumenta que el Ejército y la Policía que están en el territorio no controlan la situación. La guardia indígena, desarmada, es el mayor apoyo de los indígenas en medio del conflicto. En suma, se piden muchas cosas, desde muchos lados, pero no hay un plan regional y colectivo que resuelva distintos problemas en el tiempo y que llegue a la raíz del problema: se requiere sustituir los cultivos ilícitos y la minería ilegal y lograr que la población diversa y asentada allí tradicionalmente, pueda vivir en paz, sin la guerra que le traen agentes externos. Esto es difícil, pero posible. Hay que creer en las comunidades, en sus organizaciones desarmadas y pacíficas.
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