Condena moral y fuerza social

A principios de año, apareció una pequeña información en El País según la cuál el funcionario de la Secretaría de Gobierno municipal, Efraín Sierra, había sido golpeado en la oficinas de la administración, “por amigos del Alcalde”. Esta insólita noticia, a pesar de su gravedad, prácticamente no tuvo eco. El funcionario tenía bajo su responsabilidad el control del espacio público que, según fuentes de información distintas, se constituyó en una feria, durante la Feria. Se puede presumir que estaba cumpliendo con su función, cuando se le vinieron encima, en las propias instalaciones de la Alcaldía. Que yo sepa, su jefe inmediata, la Secretaria de Gobierno, no protestó públicamente por los hechos. Pero es más preocupante que el Alcalde tampoco lo haya hecho, ante su supuesta vinculación con los agresores. Con esos amigos… para qué enemigos. Me contaron que el funcionario había tenido una incapacidad y que quería poner una denuncia ante la Fiscalía. No sé si lo hizo, pero hace un par de semanas se informó que el Alcalde lo había nombrado Director del Dagma. Esto parece un premio de consolación y un tapabocas, ante tal escándalo. El hecho es sólo un indicador significativo de un ambiente muy conflictivo que se vive en la administración pública municipal, departamental o nacional, aquí y en todo el país. Este ambiente que ya conforma un tejido de comportamientos y de manejo de las instituciones, en esta oportunidad produjo golpes físicos, pero en otras puede llevar a amenazas y muerte, en cualquier caso, a hechos de violencia. Es desgraciadamente el ambiente que se vive ante la corrupción rampante por la que atravesamos cuando, nunca como antes, el manejo del Estado se ha convertido en fuente de enriquecimiento ilícito que funciona sin mayor condena, jurídica, moral o ética. Corrupción del Estado en su forma más general: desde la actividad política y de representación política en los órganos legislativos, donde puede ser muy lucrativo convertirse en concejal o senador, pasando por las administraciones de gobierno con sus millonarias contrataciones dolosas, dominadas por la tajada, hasta el sistema judicial, con magistrados que promueven altas pensiones de última hora entre conocidos. Se debe aclarar que todos los empleados del Estado no caben dentro de la misma condena. En todos los organismos sigue existiendo un grupo de funcionarios que cumple a cabalidad con sus responsabilidades y vive de su salario. Son los ‘técnicos’ que han mantenido y salvado lo poco que tenemos, desde los empleados subalternos hasta los profesionales especializados. El departamento del Valle del Cauca muestra esto claramente, en lo que queda de bueno en la CVC, en lo rescatable del Hospital Departamental, en la misma administración departamental y en esa isla aparte que es la Universidad del Valle.Ante la cooptación mafiosa del Estado, lo que extraña es la precariedad de la condena, ya no judicial, sino moral, e incluso ética, de la sociedad. El hecho que implicó al funcionario Sierra no llevó a la protesta de los concejales de la ciudad, los órganos de control no se dieron por aludidos, la llamada ‘sociedad civil’ mostró que no tiene incidencia alguna. Habría que destacar hoy el rol de los medios de comunicación, del periodismo responsable, que está develando los casos ante la opinión pública. Pero condena moral no hay. El gran pensador húngaro Luckács sabía muy bien por qué afirmaba, en circunstancias muy difíciles de corrupción totalitaria: “La fuerza de una sociedad es, en última instancia, una fuerza espiritual”.