No bastan las buenas intenciones

No bastan las buenas intenciones

Octubre 03, 2018 - 08:27 a.m. Por: Alfredo Carvajal Sinisterra

La democracia occidental que nació en una época floreciente de la civilización griega estableció el natural derecho de los ciudadanos a que se les consulte su opinión en lo que les afecte su vida cotidiana, principio acogido y estipulado por nuestros constituyentes. Para que este derecho sea efectivo se requiere la mayoría. Un noble y aceptado propósito.
En cumplimiento de este principio, cuando se va a llevar a cabo una obra pública como una carretera, una carrilera, una línea de alta tensión, se les consulta a las comunidades su parecer.

A su turno, los gobernantes planean y proponen obras que benefician a la población.

Pues bien, esto que parece ideal, cuando se lleva a la práctica brotan los problemas.

Veamos, hace algunos años la empresa que presta los servicios de energía en nuestra región tomó la iniciativa, muy loable, por cierto, de construir una nueva línea de alta tensión para suministrarle este servicio a Buenaventura que depende solamente de un circuito. La vulnerabilidad del sistema le permite a la delincuencia dejar sin energía al puerto más importante del país en cualquier momento. Algunas comunidades invadieron los predios por donde estaba trazada la obra con el propósito de obtener beneficios económicos indebidos en las negociaciones. Conclusión, la empresa desistió en su esfuerzo y no se llevó a cabo la obra.

Hace unos años viajé a Buenaventura por la nueva carretera que se estaba construyendo y pude constatar de primera mano, que a medida que se llevaba a cabo la vía, al frente se establecían nuevas viviendas improvisadas. Pregunté la causa, y me informaron que existía un grupo de abogados que asesoraban a los habitantes de la zona, con el fin de obtener beneficios pecuniarios, y obviamente lucrarse ellos también, de jugosos honorarios.

Claro está que la demora en terminar dicha obra y su costo no se debe exclusivamente al hecho referido. El Gobierno Nacional ha sido incapaz de asignar el trabajo a contratistas eficaces y responsables. Diecisiete años no han sido suficientes para construir una carretera de menos de 200 km. Por supuesto, el valor de la obra ha sido desproporcionado, y astronómico, si se considera la carencia de una carretera de especificaciones adecuadas, lo cual justifica a los transportadores para cobrar una de las tarifas por kilómetro más caras de Colombia.

En el año 2015 se asignó la licitación para construir una de las vías que más beneficios va a producir a quienes transitan entre Yumbo y Buenaventura, es decir todos los habitantes del sur del Valle y sus correspondientes vecinos. Treinta kilómetros menos de recorrido y más de 300 metros menos en la cúspide del recorrido, comparándola con la de Buga-Buenaventura, lo que disminuye considerablemente el consumo de combustible. Las negociaciones con las comunidades han sido lentas y dilatadas. Tres años después no se han iniciado las obras que se estima tardarán cinco años. Aún no se sabe cuándo comenzarán los trabajos.

En nuestro querido país las obras públicas, tardan y tardan, y cuestan y cuestan. Carecemos del sentido de la eficacia, y en muchas oportunidades, los derechos individuales priman sobre el bien común.

¿Dónde está la Justicia en estos casos? Los juristas dicen que se debe reglamentar debidamente la consulta. En conclusión, se evaden las responsabilidades.

VER COMENTARIOS
Columnistas