Elecciones atípicas

El próximo mes de enero tendremos elecciones para elegir un nuevo Gobernador de nuestro Departamento, en virtud de que el decreto de la Presidencia ordenando la destitución de Juan Carlos Abadía se originó el 8 de junio, o sea unos pocos días antes de haber cumplido dos años y medio en el cargo. La Constitución contempla que el Presidente solamente puede designar un nuevo mandatario, si el gobernante destituido ha ejercido su cargo por más de dos años y medio, o lo que es lo mismo, cuando le falte menos de un año y medio para terminar su mandato, de lo contrario debe convocarse a elecciones.Hasta aquí todo es claro, pero ocurre que el Gobernador Abadía interpuso una tutela que fallaron a su favor, por lo cual él fue restituido en el cargo a partir del 24 de junio y continuó gobernando hasta el 5 de agosto. El Sr. Juan Carlos Abadía firmó 72 decretos durante este período, los cuales son considerados válidos, puesto que él estaba ejerciendo legalmente el cargo. Sin embargo, este nuevo período de su mandato fue desestimado para autorizar al Presidente en la designación de un nuevo mandatario. En el Palacio de San Francisco aparentemente existe un fantasma que funge de Gobernador. Algunos de nuestros juristas conceptuaron que las fechas de los decretos tienen mayor validez que la realidad de los hechos. Para un lego en materia jurídica, pero no por esto ausente de sentido común y de algún razonamiento, es imposible comprender por qué afirman que él ejerció legalmente el cargo desde el 24 de junio hasta el 5 de agosto, para poder validar los decretos, pero esta misma causa no aplica para calificar la fecha a partir de la cual se presentó la falta absoluta en el cargo, la cual es la determinante para definir si se debe o no llamar a elecciones. ¿Por qué los hechos y la realidad se desconocen, y en cambio prevalece la fecha de una sentencia para decidir el llamamiento a elecciones? Hasta aquí los razonamientos de orden jurídico.Para efectuar estas elecciones se dispone de muy poco tiempo y el período del nuevo Gobernador es solamente de once meses. Todos sabemos que un nuevo mandatario se toma más de un mes para conformar su equipo de gobierno y se tarda por lo menos otros cuantos meses en comprender todos los deberes y actividades que exige el cargo. Ocurre, además, que el próximo mes de octubre tendrán lugar las elecciones regulares para gobernadores y alcaldes, por lo tanto la Ley de Garantías le establecerá restricciones al nuevo mandatario. Las consideraciones anteriores nos inducen a concluir que el mandato del Gobernador que se elija en enero será muy, pero muy efímero. Presumo que pocas serán las personas interesadas en la próxima contienda electoral, a no ser los políticos profesionales que, con justa razón, piensan que su resultado determina en gran medida el resultado de las que tendrán lugar en octubre, por la falta de trasparencia electoral. La reciente votación por senadores y representantes dejó muy mal sabor. La contienda se establecerá entre el PIN y los partidos tradicionales. Existe un hastío de la politiquería y la corrupción que se profundizó en el gobierno departamental anterior. Una baja participación, como la que se espera, deslegitima el derecho de gobernar bajo el régimen de una auténtica democracia. ¿Se justifica la inversión de más de $ 20.000 millones para realizarla?Aún subsiste una tímida esperanza de que nuestro sistema jurídico y el Gobierno rectifiquen una decisión equivocada, ante los recursos interpuestos.