Cien metros con vallas

Así podría llamarse el actual período presidencial. Debido a la afortunada abolición de la reelección, el recién electo presidente Iván Duque, solamente contará con cuatro años para desarrollar su programa de trabajo. La reelección era más nefasta que beneficiosa, estimulaba la mermelada, con el fin de cimentar la posible reelección.

Cuatro años de gobierno es un período corto para llevar a cabo un programa de trabajo que rinda frutos tangibles y perdurables. En algunos países donde la reelección inmediata está prohibida, los períodos son de cinco y hasta de seis años, como México.

Pues bien, el Presidente tomo la decisión de abolir la mermelada y nombró un gabinete ministerial independiente, siguiendo más que todo los lineamientos de elegir personas bien calificadas, algunas sin rótulos políticos conocidos. Esta decisión tiene implicaciones de gobernabilidad, puesto que los parlamentarios no se sienten representados. Abolir la mermelada de tajo trae consecuencias. Aún personas de su propio partido manifiestan su inconformidad.

Ocurre que la repartición de la burocracia ha sido una costumbre inveterada. Buena parte de los políticos profesionales aseguran de esta manera sus reelecciones. Entre más burocracia, más posibilidad de salir electos. Cortar de raíz este nefasto hábito no va a ser fácil. Muchos políticos callan su animadversión al hecho, pero cuando sea el momento de respaldar las iniciativas del gobierno, me asaltan dudas de que voten en conciencia, por el bienestar del país, sin mezquindades.

Si se quiere tener un gobierno austero y eficaz es necesario tomar el riesgo, sin ignorar las consecuencias. Infortunadamente nuestro electorado no es lo suficiente maduro para comprender este galimatías; entre más burocracia exista, habrá más posibilidad de corrupción, pero los políticos afectados tienen a su turno el poder de convocatoria para defender sus intereses. Al gobierno le va a tocar remar contra la corriente para sacar avante sus proyectos. La pedagogía y la divulgación de lo que proponen al congreso va a ser crítica para la gobernabilidad.
No es solamente la oposición la que se interpone, modificar una costumbre tan acendrada demanda tiempo y abundante comunicación.

A esto se le añade que las reformas que se requieren llevar a cabo, para aumentar el empleo, luchar contra la corrupción y financiar el desarrollo, todas tienen dificultades de aprobación.

Los compromisos del acuerdo con las Farc requieren gastos e inversiones, por fortuna en beneficio de los territorios más abandonados. La actual norma tributaria dificulta la generación de empleo, fomenta la informalidad, es una maraña incomprensible para los contribuyentes, tiene aspectos regresivos como la exención a los dividendos, castiga excesivamente la renta de trabajo, permite la evasión, en fin, se requiere una reforma integral, nada potable para quienes se benefician de sus falencias. En ocasiones anteriores, los proyectos que se presentaron al congreso salieron mutilados o adicionados, signados por intereses politiqueros.

Ni qué hablar de la tan anhelada reforma a la Justicia. Los intereses políticos y las prebendas la han torpedeado sin misericordia. Finalmente, la reforma pensional que carcome más del 30 % del presupuesto, produce un efecto regresivo considerable, mientras la vejez se encuentra desamparada.
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