Aseguradoras que no aseguran

En 1994 aparecen en nuestro país las administradoras de riesgos laborales (ARL). Unas compañías de seguros creadas en ese momento como parte del sistema de seguridad social en salud, con la vocación de ser quienes cubren a los empresarios y empleados de los posibles accidentes que estos últimos pueden sufrir durante el desarrollo de sus actividades. La ARL se debe entender como una aseguradora de vida que pagan tanto empleador como empleado para garantizar a los trabajadores que al verse involucrados en un accidente de índole laboral no terminen en una situación de desamparo.

Lo anterior suena muy bien en la teoría. Sin embargo, al entrar a mirar el comportamiento y la situación actual entre empresarios, trabajadores y ARL, se observa un desequilibrio general de las cargas. Las ARL se han dedicado a maximizar sus utilidades y minimizar los riesgos. Dada la condición del mercado con características monopólicas, donde la competencia está basada en características subjetivas del servicio, los riesgos están siendo asumidos por los trabajadores y empresarios y no por la aseguradora a quien se le paga por esta labor.

Por condiciones de mercado, las ARL no pueden competir en precio. No les pueden ofrecer a los empresarios que hacen bien su tarea de disminuir los riesgos laborales pólizas más económicas, como lo hacen todas las otras compañías del mercado con el manejo de las primas. Este comportamiento ha convertido a las ARL en una especie de policía del sistema de seguridad laboral, que está pendiente en qué momento el empresario tiene algún riesgo en su actividad empresarial para de inmediato decirle que de no eliminarlo su cobertura se verá suspendida.
Es como si uno contratara una póliza de vida y un domingo cuando uno se está comiendo un buen plato de empanadas y chicharrón, le llega un mensaje de texto de la aseguradora diciéndole que está violando los términos de su póliza de vida pues se está exponiendo a un mayor riesgo cardíaco por incremento de su colesterol.

No suficiente con tratar de trasladar todos los riesgos que debería asegurar al empresario, se han dedicado a negar los siniestros de manera sistemática. Discuten con las EPS si las enfermedades son comunes o laborales y se niegan a reconocer dichos siniestros a no ser que medie una sentencia judicial. Aquí las víctimas son todos menos la ARL, que es quien debería responder.

Cuando las ARL se ven contra las cuerdas y no les queda más que reconocer una indemnización, lo hacen por sumas ridículas con porcentajes determinados de manera arbitraria por médicos contratados y pagados por las mismas, que en caso de conceder indemnizaciones superiores a los presupuestos establecidos, sus contratos son cancelados. Me pregunto si las ARL en esta época de covid van a responderles a las empresas por todos los empleados que por precaución y posible contacto con un caso positivo han tenido que dejar de ir a trabajar.

¿Quién responde frente a esta situación? A falta de una, hay dos superintendencias que vigilan a estas compañías, ¿por qué no velan por la protección de los clientes que contratan los servicios? Invito al Congreso a legislar y poner en cintura a este sector que con ganancias monstruosas se viene lucrando en contra de todos los colombianos que pagamos por un seguro que no nos está cubriendo los riesgos.