Represión militar, el método de Maduro para silenciar a las voces opositoras a su régimen

A mediados de mes se estrenó la Milicia como un “componente especial” de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Fanb, tras el cambio legal que entró en vigor este febrero en Venezuela.

Es decir que la Milicia, que ha estado formada por civiles simpatizantes del chavismo, pasó a ser parte de la estructura castrense del Gobierno y adquirió atribuciones especiales en materia de inteligencia y contrainteligencia, en tanto que tiene la misión de “registrar, organizar, equipar, adiestrar y adoctrinar al pueblo a objeto de contribuir con la seguridad de la Nación”, según la ley.

Mujeres, hombres, ancianos, jóvenes o discapacitados, con gran admiración por Nicolás Maduro, serán los ojos del Mandatario en todo el país.

En ese empeño por utilizar a todos los estamentos militares para aferrarse al poder, el chavismo no solo ha convertido a civiles en espías castrenses, sino que también ha echado mano de los tribunales militares para juzgar a los ciudadanos del común.

En noviembre pasado, cinco jóvenes residentes en Táchira fueron detenidos, tras participar uno de ellos en una protesta, y presentados ante un juzgado castrense para ser procesados por los delitos de rebelión y ultraje a la Fuerza Armada Nacional.

Solo en 2019 la organización Foro Penal Venezolano registró que 39 civiles fueron procesados por estos despachos, aunque la cifra desde 2014 alcanza los 861.

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Esto a pesar de que la Constitución de 1999, en sus artículos 49 y 261, establece claramente que “toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias” y que “la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”.

Tampoco han valido de mucho las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, el cual en reiteradas ocasiones ha limitado el accionar de la justicia militar a oficiales y efectivos activos que hayan cometido delitos castrenses.

Pero además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, ha dejado en claro que no es aceptable que civiles terminen ante estas instancias.

Nicolás Maduro anunció el pasado lunes que el país hará ejercicios militares “sorpresa” a cualquier hora y de manera permanente.

Pero si las leyes y la jurisprudencia están claras, cómo casi 900 venezolanos han terminado ante jueces uniformados. Expertos consultados por El País consideran que esto es parte del plan de Maduro para silenciar a la oposición y mantenerse en el palacio presidencial de Miraflores.

“El uso de la justicia militar es parte de la política de terror que busca acallar las voces disidentes y la protesta, sobre todo la social”, denunció el activista de Derechos Humanos Marino Alvarado, quien recordó: “No solo se ha aplicado la justicia militar a dirigentes políticos, sino también a líderes sociales, indígenas e incluso a ciudadanos de a pie”.

Por su parte, el constitucionalista Alí Daniels cree que el Gobierno recurre a estos tribunales por una simple razón: “La justicia militar está diseñada para obedecer al Poder Ejecutivo. El Presidente de la República, en su condición de comandante en Jefe de la Fanb, es funcionario de la justicia militar y eso le da control sobre ella. Esto hace que el Poder Ejecutivo tenga una particular predilección sobre ella a la hora de utilizarla como herramienta contra sus adversarios”.

El Tribunal Supremo de Justicia sentenció en 2017 que “la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares”.

El uso de los juzgados militares contra civiles no es algo nuevo en el vecino país. A lo largo de las últimas décadas, incluso bajo los gobiernos civiles y democráticos previos a los del fallecido Hugo Chávez y de Maduro, se utilizó en varias ocasiones.

No obstante, la cifra de 855 civiles que terminaron ante jueces militares en el último lustro casi iguala la contabilizada por organizaciones de Derechos Humanos y el Ministerio Público en las décadas anteriores al advenimiento de la llamada Revolución Bolivariana.

¿Pero si el Gobierno chavista controla a la Justicia, como han denunciado numerosas organizaciones internacionales, para qué necesita a los tribunales castrenses?

“En 2017, por ejemplo, debido al cambio de actitud de la fiscal general (ahora en el exilio, Luisa Ortega Díaz) el Gobierno debió recurrir a los jueces militares para reprimir las protestas ante la actitud independiente asumida por el Ministerio Público; y posteriormente la ha utilizado para neutralizar a líderes sociales como en la época previa al chavismo, aunque de una manera más descarada y contundente”, señala Daniels.

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Pero ya antes de la oleada de protestas que en 2017 tuvieron su origen en los fallos del TSJ que casi aniquilaron a la Asamblea Nacional opositora, las autoridades habían comenzado a emplear los tribunales castrenses para apaciguar la creciente protesta social.

Entre 2015 y 2016 organizaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, contabilizaron 21 casos de ciudadanos que terminaron detenidos por militares y llevados a un juez militar por el simple hecho de protestar o quejarse en una cola por la falta de alimentos y medicinas.

Para Alvarado, estos antecedentes hacen que no le sorprenda la estrategia de Maduro. “El uso de la justicia militar en los últimos años, en especial a partir de 2017, tiene que ver con el proceso general de militarización de la sociedad venezolana”, dijo.

Y recordó que un tercio de los ministros son o fueron uniformados y que el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, es el responsable de velar por el abastecimiento de alimentos y medicinas.