¿Qué hay detrás de la jugada de Maduro con la Constituyente?

La figura más pertinente para entender la Constituyente comunal propuesta en Venezuela es que Nicolás Maduro es el mal jugador que, cuando pierde, suele romper el naipe.

Y la esbozó ayer en Colombia el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, quien indicó que la iniciativa aún no bien explicada del Mandatario del vecino país “nos recuerda un poco al fascismo”, cuando alude a que no todos los 500 “constituyentistas” serán elegidos directamente por los ciudadanos, sino por organizaciones de base del chavismo.

Allí está entonces el gran fraude de la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente que Maduro anunció el pasado lunes, en lo que sería un intento fallido por disfrazar de democrática una decisión que busca perpetuarlo en el poder.

Al menos esa es la lectura que han hecho no solo los líderes de la oposición -que han asegurado que el anuncio es la confirmación de un golpe de Estado por parte del oficialismo-, sino constitucionalistas de Venezuela, excancilleres de Colombia y observadores de otros países.
“Maduro pretende buscar una alternativa: no como la que el pueblo quiere, sino una con la que él podría convivir, porque lo poco que le queda al Gobierno son las comunas”, le dijo el abogado constitucionalista Manuel De Pablos al diario El Nacional, de Caracas. Y explica que el numeral 2 del Artículo 187 de la Carta Magna establece que solo la Asamblea Nacional tiene competencias para proponer enmiendas y reformas a la Constitución.

“El Poder Ejecutivo le está quitando atribuciones al Parlamento y absorbería al resto de los poderes. Ellos van a conformar una Asamblea comunal para reformar la Constitución a su conveniencia”, agregó el jurista.

Lo mismo, pero con mayor contundencia, dijo desde Washington el secretario general de la OEA, Luis Almagro: “La propuesta anunciada es errada, inconstitucional y fraudulenta”.

“La conformación de la Constituyente solo con supuestos representantes sectoriales, viola los principios fundamentales de igualdad política. Una Asamblea Constituyente convocada sobre la base de la discriminación política, violando la Constitución y a medida del régimen es en sustancia y forma antidemocrática, porque se ha usurpado el poder del pueblo”, añadió.

Y a su sentencia de que “esto tiene un nombre en el derecho: un nuevo golpe de Estado promovido desde la Presidencia del país”, se sumó el excanciller colombiano Julio Londoño Paredes: “Es ante todo el deseo de perpetuarse en el poder, mantener las cosas como están en este momento y continuar ejerciendo el Gobierno de aquí en adelante, seguramente suspendiendo las elecciones varias veces aplazadas”, dijo en Caracol Radio.

Otro punto de vista tiene Camilo Reyes Rodríguez, también exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, quien indicó allí que la propuesta de negociar una nueva Constitución para Venezuela “parece más bien un recurso de distracción, un recurso, en lo cual el chavismo ha sido muy hábil, para ganar tiempo y para disimular las enormes responsabilidades que ya tiene frente a su ciudadanía”.

Por su parte, Estados Unidos también señaló su inconformidad sobre la trampa que significaría la convocatoria anunciada por el Mandatario venezolano, al que acusó de tratar de “cambiar las reglas del juego” para asegurarse el poder.

“Tenemos profundas preocupaciones sobre las motivaciones para esta Constituyente, que ignora la voluntad del pueblo venezolano y erosiona aún más la democracia venezolana”, dijo el subsecretario de Estado adjunto de EE. UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Fitzpatrick.

Esa percepción de ilegalidad fue rematada por el Parlamento del vecino país, que ayer acordó “rechazar la inconstitucional pretensión del Ejecutivo de convocar a una supuesta Asamblea Nacional Constituyente sin consulta al electorado venezolano a través de un proceso de referendo con voto directo, universal y secreto” y le exigió al Poder Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano y a todos los órganos del poder público que “respeten la soberanía popular” y se abstengan de avalar la iniciativa “fraudulenta” del Presidente.