Presos políticos en Venezuela continúan a la espera de justicia

Febrero 22, 2016 - 12:00 a. m. 2016-02-22 Por:
Olga Lucía Criollo | reportera de El País

Al cumplirse dos años de las protestas de febrero de 2014, los presos políticos del vecino país y sus familias siguen buscando caminos hacia la libertad. Expedientes de Leopoldo López y Antonio Ledezma no son los únicos que esperan justicia.

[[nid:510251;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/563x/2016/02/lopez_y_ledezma.jpg;full;{Leopoldo López y Antonio Ledezma son los presos políticos más representativos de Venezuela. }]]

“No me he fijado plazos, sé que voy a salir en libertad. Cuando lo haga, estaré más fuerte de alma, mente y cuerpo. Saldré sin rencores y seguiré luchando por las mismas causas por las que siempre he luchado: el bienestar y prosperidad de nuestro pueblo, la defensa de la democracia y la libertad de los venezolanos”.

Escribiendo estas palabras en una servilleta que se convertirían en primicia del diario El Nacional, de Caracas, Leopoldo López ‘celebró’ su segundo aniversario en Ramo Verde, la prisión a la que fue confinado el 18 de febrero de 2014, tras ser acusado de “instigación pública, daños a la propiedad, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir”.

Pero el abultado expediente que la Justicia del vecino país comenzó a construir contra el que ayudó a  convertirse en el preso político más famoso de Venezuela, se completó temporalmente con la sentencia firmada  por la jueza Susana Barreiros el 1 de octubre del 2015, que lo condenó a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión.

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Era el 23 de enero del 2014 cuando la entonces diputada María Corina Machado, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma y Leopoldo,  ya reconocido líder del Partido Voluntad Popular, firmaron La Salida, documento que invitaba a los venezolanos “a salir a las calle a manifestarse pacíficamente ante la ineficiencia del Gobierno en cuanto a lo económico, lo político  y lo social”.

Eso fue lo que sucedió 20 días después, el 12 de febrero, cuando una multitudinaria marcha cubrió hasta pasado el medio día importantes avenidas de la capital Caracas -en donde murieron los jóvenes Juan Montoya y Bassil Da Costa- y lo que siguió pasando en distintas ciudades durante más de tres meses, al cabo de los cuales las cifras de la Fiscalía General de Venezuela se fijaron en 43 asesinados, al menos 486 heridos y 1854 detenidos.

En esa estadística se soportó la jueza Barreiros para determinar que López “no utilizó los medios contemplados en la Constitución para que sus demandas fueran atendidas”, sino que recurrió al don de la palabra para hacerles creer a sus seguidores que la violencia era el camino, explicó  el abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, Carlos Ayala, el viernes pasado en el Foro por La Libertad, en el que se analizó la situación de los presos políticos venezolanos.

Dicha teoría fue desvirtuada en el mismo escenario con un video expuesto por el defensor jurídico de López, Juan Carlos Gutiérrez, en el que se demuestra que los asesinatos del 12 de febrero ocurrieron horas después de  que el líder político invitara a los marchantes -en su mayoría estudiantes- a regresar “pacíficamente a sus casas”.

Por detalles investigativos como ese, Amnistía Internacional confirmó en el evento del viernes  que Leopoldo es un “preso de conciencia” y se sumó a las exigencias de liberación de la Cidh, la ONU, varios expresidentes -incluidos colombianos- y los premios Nobel de Paz Óscar Arias y Lech Walesa, que acompañaron los actos conmemorativos del luctuoso febrero del 2014.

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El 19 de febrero del 2015, a las 2:00 de la tarde,  Antonio Ledezma -otro de los firmantes de La Salida-  estaba en el edificio El Rosal, en su despacho de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, se lo llevaron sin mediar orden de captura.

Tras varias horas de angustia, su esposa  Mitzy Capriles logró establecer que el líder del Partido  Alianza al Bravo Pueblo había sido trasladado a El Helicoide, sede del SEBIN, donde estuvo hasta que también fue ingresado a la prisión de Ramo Verde. Dos meses después, ‘gracias’ a una hernia inguinal logró que le dieran la casa por cárcel.

Para el 8 de mayo del año pasado estaba prevista su primera audiencia, pero en esa y en otras ocho ocasiones fue diferida por el  Tribunal Sexto de Control de Caracas, que debía procesarlo por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.

“Solo el pasado lunes 15 de febrero de 2016 se llevó a cabo la audiencia preliminar en la que simplemente el Ministerio Público le solicitó al Tribunal que se ratifique la decisión del fiscal y el caso vaya a juicio. Lo único fue que se logró mantener la casa por cárcel, pero todavía no sabemos qué Tribunal de Juicio va a conocer el caso”, explica la abogada Elenis Rodríguez.

Ella, quien hace parte de la ONG Fundeci, que asesora varios casos de presos políticos en el vecino país, reconoce que una condena en contra de Ledezma podría implicar una pena de hasta 24 años de prisión, dada la “gravedad” de los cargos imputados.

“Con la convicción de que  por la Patria cualquier sacrificio vale. Venezuela no te rindas!”, escribió el viernes su esposa en la cuenta de Twitter del Mandatario,  donde también contó que Óscar  Arias llegó hasta la puerta de su casa para visitarlo con motivo de su primer año de encarcelamiento pero que no le fue permitido el ingreso.

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[[nid:510253;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/270x/2016/02/jhosman-paredes-venezuela.jpg;left;{Después de estar preso durante año y medio, el pasado lunes se dio la orden de iniciar el juicio contra Jhosman Paredes. Foto: Especial para El País}]]

Se llama Jhosman Paredes Roldón. Tiene 23 años, nació en Táchira, donde era estudiante. Era, porque, tras ser detenido por  las revueltas de febrero del 2014, un tribunal le otorgó la libertad cautelar que, según su defensa,  estaba cumpliendo a cabalidad en esa localidad. Pero  en  septiembre de ese mismo año fue trasladado a Caracas, ante el mismo Tribunal que procesa a Ledezma, acusado del delito de conspiración.

“Después de un año y medio de estar privado de la libertad, sin celebrarse la audiencia preliminar porque fue diferida en 17 ocasiones, solo el lunes pasado se dio el paso al juicio”, denuncia la abogada Rodríguez, quien lamenta que aunque Jhosman no es tan conocido como López o Ledezma, también es víctima de  un proceso  político y no jurídico.

Lo más triste es que la suya hace parte de un rosario de 30 jóvenes a los que el “capricho” del gobierno del presidente Nicolás Maduro les cambió las ideas por los barrotes.

Lo sucedido con Ángel González así lo evidencia. Durante un año la jueza Barreiro -que meses después fue ascendida a Directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública- le siguió un juicio “en el que nunca fue nombrado ni por las pruebas ni por los testigos” y recibió la misma condena de Leopoldo.

“Nuestra impotencia es muy grande porque yo, como venezolana, creo en la justicia pero en quién no creo es en estos violadores de la Constitución y las leyes que están al frente del Poder Judicial... que se ha convertido en el paredón para ajusticiar a los que piensan distinto”, asegura Rodríguez.

Y entonces remata con el caso  de Jacqueline Muñoz, la escritora que en su momento más desafortunado llegó en busca de una historia a uno de los campamentos que instalaron los  protestantes de febrero y terminó siendo la supuesta protagonista de los delitos de conspiración y asociación para delinquir. Estuvo en la cárcel once meses, fue torturada y luego le concedieron  libertad condicional.

 Pero el final de su novela aún es incierto: en agosto del año pasado apeló el fallo, mas su causa sigue engavetada porque, tras el ascenso de la jueza, el Tribunal 28 de Juicio lleva seis meses acéfalo. “Para qué vean cómo opera la justicia aquí en Venezuela...”.

Amnistía ”Se otorga la más  amplia amnistía  de los hechos considerados delitos, faltas o infracciones mencionados en la presente Ley, cometidos o que puedan haberse cometido desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de esta Ley”, reza el artículo 2 de la Ley de Amnistía aprobada en primer debate por la Asamblea Nacional esta semana. Sin embargo, el Gobierno ya ha  anunciado que vetará la iniciativa.  Ante esa disyuntiva, el Nobel  de Paz Óscar Arias les  recomendó a los familiares de las víctimas: “Solidaridad, perseverancia. Trabajen por el bien común, no por los beneficios personales”.Según el abogado  Rafael Narváez, la Constitución contempla que la promulgación de esta ley es una atribución exclusiva del Parlamento.
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