Policía de Arizona pierde facultades contra inmigrantes

El Departamento de Seguridad Nacional informó las restricciones de los policías en la aplicación de la ley de inmigración.

Siete agencias de la Policía de Arizona están por quedar incapacitadas legalmente para ejercer algunas facultades especiales que habían recibido del Departamento de Seguridad Nacional como la de hacer arrestos por violar la ley federal de inmigración.El Departamento de Seguridad Nacional notificó ayer lunes que estaba rescindiendo los acuerdos existentes para que los policías trabajaran en tareas de control migratorio con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés); justo el mismo día que la Corte Suprema anuló partes clave de la ley migratoria de Arizona a los departamentos locales y estatales de la Policía de Arizona.Esos acuerdos permitían que algunos policías locales designados realizaran ciertas funciones en la aplicación de la ley de inmigración, a condición de que esos agentes recibieran entrenamiento adecuado y que actuaran bajo la supervisión de funcionarios del ICE.Los acuerdos rescindidos incluían al Departamento de Seguridad Pública del estado, así como los departamentos de Policía de las ciudades de Phoenix, Mesa y Florence y de los condados de Yavapai, Pinal y Pima.El ICE dijo que, al igual que en Arizona, rescindirá por separado los contratos de este tipo con otros estados del país.Por otra parte, el ICE, que depende del Departamento de Seguridad Nacional, emitió ayer directivas a sus oficinas para recordarle a sus agentes que se enfoquen en arrestar a aquellas personas que cumplan con ciertas prioridades.Dijo que el ICE debe concentrarse en arrestar a los inmigrantes irregulares que representan amenazas a la seguridad, los que cruzan la frontera repetidamente para ingresar a Estados Unidos o los que violan reiteradamente de otras formas las leyes de inmigración federales.Ambas medidas fueron descritas este lunes durante una teleconferencia de los periodistas con dos funcionarios de rango alto que hablaron bajo condición de no ser identificados a cambio de analizar cómo la decisión de la Corte Suprema podría afectar de inmediato los controles de inmigración en Estados Unidos.