Opositores paraguayos piden aplicación de cláusula democrática de la OEA en ese país

Representantes del Partido Liberal (PLRA), el mayor de la oposición, y de dos partidos minoritarios pidieron este lunes la aplicación de la cláusula democrática de la OEA y la visita del organismo a Paraguay, ante la crisis política y los hechos de violencia registrados en los últimos días. 

En un documento presentado ante la sede de la OEA en Asunción, los dirigentes de esa formación junto a los del Partido Democrático Progresista (PDP) y Partido Revolucionario Febrerista (PRF), citaron al artículo 18 de la carta democrática, que establece que, ante situaciones que afecten al "desarrollo del proceso político institucional democrático", el secretario general del organismo puede "disponer visitas y otras gestiones para el análisis de la situación".

Asimismo, invocaron los artículos 19 y 20 de la carta democrática del organismo, que contemplan que "la ruptura del orden democrático" o una "alteración del orden constitucional" son "obstáculos insuperables" para que un país participe de las asambleas de la OEA.

También pidieron que, en caso necesario, el secretario general del organismo, Luis Almagro, adopte "decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento", según el documento suscrito por los presidentes de tres partidos: Efraín Alegre (PLRA), Rafael Filizzola (PDP) y Josefina Duarte (PRF).

Los opositores apelaron además al Consejo Permanente de la OEA para realizar "una apreciación colectiva de la situación" y disponer la realización de "las gestiones diplomáticas necesarias" para "promover la normalización de la institucionalidad democrática".

"Estamos convencidos de que el diálogo honesto es la vía para la solución de esta crisis (...). Sin embargo, en este momento en que el Gobierno de Paraguay ha perdido la confianza ante el quebrantamiento de las normas más básicas de la democracia, es fundamental la intervención del organismo internacional que tiene los instrumentos de derecho internacional adecuados para intervenir en este proceso (...)", asegura el documento.

El pedido de intervención de la OEA está acompañado por un relato de los hechos registrados en Paraguay desde el pasado martes, cuando un grupo de 25 senadores aprobaron la modificación del reglamento parlamentario para, tres días después, aprobar la enmienda constitucional que habilita la reelección presidencial.

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Los opositores declararon que estas decisiones de los senadores constituyen un "acto irregular, nulo y sin valor alguno", y denunciaron que, durante la sesión del pasado martes, hubo "movimiento de tropas militares", y que francotiradores y agentes policiales antimotines ingresaron al recinto del Senado.

Los líderes políticos también se refirieron a las manifestaciones violentas que se produjeron en la noche del viernes, tras las cuales resultó incendiada parte del Congreso y falleció un dirigente juvenil del Partido Liberal, presuntamente por los disparos de un policía.

Alegre, Filizzola y Duarte tildaron a la acción policial en la noche del viernes de "terrorismo de Estado", dijeron que los policías "reaccionaron con el uso excesivo de la fuerza", y resaltaron que la Policía no hizo uso de los carros hidrantes para apagar el incendio en el Congreso, sino para atacar a los manifestantes.

También denunciaron que los agentes detuvieron "al azar" a 211 personas, muchas de las cuales presentaban "signos de torturas y apremios" y ejercieron un trato "vejatorio" contra las mujeres arrestadas.

Por último, los líderes opositores citaron el ataque policial a la sede del PLRA, que terminó con la muerte del joven dirigente Rodrigo Quintana, y criticaron que la Policía ingresó al recinto "sin orden judicial, disparando con armas de fuego, apuntando con pistolas a dirigentes".

Añaden que cuando Quintana fue herido, no le auxiliaron ni permitieron que nadie llamara a una ambulancia.

Este lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo de la OEA, instó al Gobierno de Paraguay a "promover una rápida investigación" por la muerte de Quintana y a garantizar el derecho a la protesta pacífica, además de reprobar el uso de armas de fuego y las detenciones masivas como respuesta a las manifestaciones en el país.

Las protestas contra la reelección presidencial del pasado viernes en Asunción se saldaron con la detención de más de 200 personas, que en su mayoría fueron liberados luego.