Maduro multiplicó la cifra de presos políticos en Venezuela

Nicolás Maduro no tiene el carisma de Hugo Chávez ni sus dotes oratorias. Tampoco ha demostrado ser mejor gerente. Pero donde sí ha logrado aventajar con creces a su antecesor es en represión y persecución a la oposición.

Así lo revelan las cifras de organizaciones de Derechos Humanos, las cuales arrojan que el número de presos políticos se ha multiplicado por cuatro durante el actual Gobierno, hasta superar los 400.

La lista creció particularmente durante la ola de protestas que sacudió al país desde abril pasado en respuesta a los fallos del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, que, en la práctica, liquidaron la Asamblea Nacional, AN, y llegó a 620. Sin embargo, algunas liberaciones y excarcelaciones ocurridas en los últimos meses la han ido reduciendo.

“Desde abril llegamos a tener 500 nuevos presos políticos”, afirmó el director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, quien dio por hecho que esta cifra aumentará gracias a las decisiones de la cuestionada Constituyente impulsada por el Mandatario, cuyos integrantes dejaron en claro que irán tras la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, a quien destituyeron el mismo día que comenzaron a sesionar, los medios de comunicación y el Parlamento dominado por la oposición.

“Se acabó el sabotaje de la AN, se acabó lo que se daba. Ellos seguirán en su locura. Algunos terminarán en una celda y otros en el siquiátrico. Hay que poner orden, llegó la Constituyente, necesitamos justicia”, soltó Maduro en la madrugada del 1 de agosto nada más difundirse los resultados oficiales de la polémica jornada comicial dados por el Consejo Nacional Electoral, CNE.

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Y esa promesa pareció empezarse a cumplir esta semana, cuando el TSJ anunció que un tribunal penal juzgaría al primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara, quien de inmediato solicitó protección en la embajada de Chile en Caracas.

Romero explicó que para calificar a alguien como preso político se guían por los estándares internacionales, según los cuales es una persona a la que (sin haber cometido hechos violentos) “se encarcela, se mantiene detenida de otro modo, por ejemplo bajo arresto domiciliario, o se pide su detención, porque sus ideas suponen un desafío o una amenaza para el sistema político establecido, sea este de la naturaleza que sea, o porque se oponen o se han manifestado contra dicho sistema”.

¿Pero quiénes son esos más de 400 presos políticos que hay en Venezuela? ¿Son todos políticos que, como Leopoldo López (el líder de Voluntad Popular que tiene casa por cárcel), se oponen al gobierno de Maduro?

No, a la luz de los datos del Foro, solo hay otros 13 que son políticos de profesión, mientras que 29 son militares y el resto son estudiantes y jóvenes que participaron en marchas y manifestaciones contra el Ejecutivo.

Para el exdirector del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, Luis Salamanca, los datos anteriores ponen de manifiesto la gravedad de la situación de la democracia en la otra orilla del Arauca.

“El gobierno de Maduro tiene orígenes democráticos porque, aunque cuestionado, su mandato salió de unos comicios, pero su ejercicio en el poder está alejado de los requisitos funcionales de una democracia y la existencia de los presos políticos es una prueba de esas fallas”, afirmó.

Y agregó: “Hay una deriva autoritaria creciente, debido a la grave crisis económica que sufre el país, la cual ha generado un profundo malestar, y para frenar ese malestar el Gobierno quiere neutralizar a los liderazgos opositores”.

Romero comparte con Salamanca la creencia de que la existencia de los presos políticos en el país revela una intención de las autoridades por neutralizar a la disidencia, pero no solo aquella que dirige o milita en los partidos sino de cualquier tipo.

“La represión tiene un costo y un beneficio. El costo, por supuesto, son las denuncias nacionales e internacionales, y los beneficios muchos. Cuando se detiene a López, al alcalde Antonio Ledezma o a un diputado, lo que haces es sacarlo del juego político, neutralizarlo, pero cuando van contra estudiantes, profesores universitarios o tuiteros, lo que buscas es intimidar a un sector en particular de la sociedad para que se abstenga de expresarse en su contra”, sostuvo.

Y, continuó, “cuando detienen a un empresario o un panadero lo hacen para justificar determinada narrativa como la de la guerra económica que tus opositores han lanzado en tu contra para desestabilizar al país”.
Para el director del Foro, el aumento en el número de presos políticos revela, sin embargo, que a Maduro no le importan los costos que tiene pagar.

“Chávez sabía cuál era el precio por detener a opositores y por eso metía uno en la cárcel y luego liberaba a otro y así su promedio jamás superó los 100, pero con Maduro ya hemos tenido más de 700, si contamos a los que ha encarcelado y los que siguen allí. Esto a pesar de los pronunciamientos internacionales, y, si contamos a los arrestados, en su mayoría por protestar, la cifra supera los 9000 desde 2014”, conceptuó el experto.

“Voy con todo, me acusarán de dictador, pero no me importa oligarcas”, soltó en abril de 2015 el Mandatario anunciando una escalada que aún no termina, aunque el viernes también se anunció la libertad para Yon Goicoechea y Delson Guárate.

Salamanca, por su parte, auguró que la situación empeorará a medida que el descontento con el Gobierno siga aumentando, fundamentalmente por su incapacidad para dar respuesta a problemas como la escasez de alimentos y medicinas y la galopante inflación. Sin embargo, advirtió que la misma podría ser contraproducente: “Un aumento de la represión podría terminar resquebrajando las estructuras de poder que soportan este Gobierno, las cuales después de todo no son tan firmes como parecían”.

El exalcalde de Chacao y exprecandidato presidencial venezolano fue encarcelado el 18 de febrero de 2014, señalado de incitar los hechos de violencia ocurridos seis días antes en el centro de Caracas´, luego de una marcha que encabezó. Fue enjuiciado y condenado a casi 14 años de prisión por supuestamente llamar a deponer al gobierno de Maduro mediante una ola de protestas, aún cuando jamás habló de derrocar y siempre habló de aplicar cualquier de los mecanismos previstos en la Constitución. Durante su juicio no se le permitió a sus abogados presentar un solo testigo a su favor. Pese a estas irregularidades, el fallo fue avalado por el TSJ en febrero pasado. A principios de julio, el ente le dio una sorpresiva casa por cárcel.

El alcalde metropolitano de Caracas fue detenido el 19 de febrero de 2015 en una de sus oficinas por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Horas después, el Presidente lo acusó de estar detrás una trama para derrocarlo, la cual incluiría utilizar un avión que vendría desde Colombia a bombardear el Palacio de Miraflores para simular un golpe de Estado. Tras permanecer unas semanas en la cárcel militar de Ramo Verde, el tribunal que conoce la causa de Ledezma le dio casa por cárcel para permitirle recuperarse de una operación de una hernia inguinal. Pese a que ya cumplió dos años privado de su libertad, aún no se sabe si será enjuiciado por los delitos de conspiración y asociación para delinquir, porque la audiencia donde se tomará la decisión siempre es atrasada.

El exministro de la Defensa responsable de ejecutar la operación que permitió devolverle al fallecido Chávez el poder, volvió a prisión en enero pasado, tras ser encarcelado en 2009 por corrupción y abuso de poder y condenado a ocho años de prisión. El proceso judicial se le abrió luego de que en 2007 el uniformado se deslindara del Gobierno y comenzara a cuestionar a Chávez, quien era su compadre. Baduel fue muy activo durante la campaña en rechazo a la reforma constitucional que el fallecido mandatario perdió en 2007. De los ocho años a los que fue condenado, pasó seis en Ramo Verde, pues en agosto de 2015 un tribunal le dio casa por cárcel. Sin embargo a semanas de que su condena venciera se le anuló este beneficio y volvió a la prisión, pero esta vez acusado por rebelión.

El diputado suplente fue detenido el 11 de enero de 2017 por agentes de inteligencia junto a su pareja, Steyci Escalona, una venezolana residenciada en Suiza. Horas después, el Gobierno aseguró que halló en su auto armas y panfletos. Pese a su condición de diputado, no fue llevado ante el TSJ sino que permaneció en una instalación militar y luego fue enviado a una cárcel común sin orden judicial, donde estuvo cuatro meses, a pesar de que la Constitución y la ley dan un plazo de 48 horas para presentar a cualquier detenido ante un juez para ser imputado. La condición de civil del legislador tampoco impidió que un tribunal militar sea el que conozca su causa. Para el abogado Juan Carlos Gutiérrez, este caso representa el “quiebre irreversible del Estado de Derecho”.

El profesor retirado de la Universidad de Carabobo fue detenido el 24 de febrero de este año por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y llevado ante los tribunales militares, sin importar que se trataba de un civil, imputado por los delitos de traición a la patria e instigación a la rebelión. En un principio se creyó que su detención se produjo debido a unos artículos de opinión críticos contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, la rectora de la Universidad de Carabobo, Jesi Divo, confirmó que el profesor mantiene una “estrecha amistad” con el general Baduel.