Las historias de hijos de genocidas que buscan que sus padres paguen por delitos en Argentina

Las historias de hijos de genocidas que buscan que sus padres paguen por delitos en Argentina

Abril 24, 2019 - 11:00 p.m. Por:
Meryt Montiel Lugo / Editora de Domingo
Carolina Bartalini, una de las editoras del libro ‘Escritos desobedientes’

Carolina Bartalini, una de las editoras del libro ‘Escritos desobedientes’

Especial para El País

Historias Desobedientes y con Mala Ortografía es un colectivo que agrupa a hijos de padres genocidas y que tienen entre sus objetivos que sus progenitores paguen ante la Justicia por los delitos que cometieron durante la dictadura: secuestro, robo de niños, violaciones y muertes de ciudadanos argentinos.

Nació a finales de 2016. Y a esta agrupación, hoy de aproximadamente 60 miembros, fueron llegando familiares de genocidas no solo de Buenos Aires y de toda Argentina, sino argentinos residentes en otras naciones y ciudadanos de otros países, como Chile o Alemania.

En noviembre de 2018 organizó un congreso internacional que tuvo entre sus invitados a la escritora alemana Alexandra Senfft, nieta de un dirigente del Partido Nazi.

Lea también: Hablan los hijos que acusan a sus padres de genocidas en Argentina

El colectivo lanzó recientemente el libro ‘Historias desobedientes’. Una de sus editoras es la escritora, licenciada en letras e investigadora en literatura latinoamericana, Carolina Bartalini, docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, de Buenos Aires. Con ella habló El País.

Varios hijos de genocidas se cambiaron el apellido. ¿Usted, no?

No, con mi padre tengo una buena relación porque él no tiene nada que ver con esto. Yo estoy en Historias Desobedientes por la historia de mi padrastro. Él ya está muerto. Pero no suelo hablar de él públicamente porque no tengo pruebas legales para demostrar lo que se dice que él hizo.

¿Qué les dejó el pasado congreso?

Se amplió la situación del caso específico de Argentina a un colectivo que podría pensarse más en términos de reivindicaciones y de luchas por los derechos humanos, por la memoria, la verdad y la justicia, en todos los países que han sufrido la violencia -como Chile y Alemania-, los genocidios estatales y que tienen esa larga herencia del silencio intrafamiliar y social, como dice la escritora Alexandra Senfft.

La idea de todos los integrantes del colectivo es pensar el presente también, los modos de la violencia institucional, de la represión, en cómo se infringen los derechos humanos y en que se trata de olvidar el pasado y el modo en que el pasado vuelve de unas maneras sutiles, pero que son bastante evidentes en este momento en el panorama mundial.

¿Qué tipo de textos trae el libro?

Testimonios, poemas, hay un monólogo teatral, relatos, imágenes y textos públicos del colectivo.

¿Como editoras, qué criterios tuvieron para escoger los escritos?

Quisimos mostrar un poco la heterogeneidad del colectivo, porque, por más que haya una trama en común, cada historia de vida es diferente. Mostrarla no solo en las edades, las profesiones, los espacios simbólicos que cada uno ocupa hoy, sino en las formas en que se relacionaron con esa historia personal, con sus padres, sus abuelos. Y mostrar la heterogeneidad del tipo de responsabilidad que tuvieron militares, policías, jueces, funcionarios. Es decir, la idea es mostrar la realidad de lo que somos detrás de distintas historias de vida, que muestran también distintos niveles y grados de la responsabilidad cívico militar durante la dictadura y al mismo tiempo, de cómo lidiamos con ese pasado.

¿En resumen, qué plantean?

En este colectivo se explicita la filiación: mi padre hizo esto. Hay otras personas que en Argentina son exhijos que rompen lazos con sus padres y se dejan de reconocer como hijos. En este colectivo se afirma la filiación porque se dice: los militares, policías genocidas, fueron personas que, además de cometer los crímenes atroces que cometieron, tenían familias y algunos fueron, como cuentan los relatos, buenos padres. Y fue muy difícil para estas hijas, hijos, romper su relación con ellos cuando se enteran, cuando la Justicia los citó y los condenó a partir de 2004, en los nuevos juicios de lesa humanidad en Argentina. Analía Kanilec, por ejemplo, cuenta su despertar a la verdad y lo doloroso que fue darse cuenta de que todo lo que decían sobre su padre era verdad (ver microformato).

¿Hay mucha impunidad en relación a los casos de padres genocidas?

Es bastante heterogéneo. Hay casos en que están juzgados y en la cárcel, como el caso del padre de Analía, con sentencia firme; hay casos en que están juzgados, con sentencia firme, pero los condenados están en sus domicilios por sus edades y por detenciones domiciliarias beneplácitas hacia los presos por parte del actual Gobierno. Hay casos de personas que no han sido investigadas ni juzgadas y continúan trabajando dentro de las fuerzas de seguridad o armadas.

¿Son casos que no se han hecho públicos?

Hay casos que no han salido a la luz, pero no por culpa de los juicios, sino por la misma operatoria de la clandestinidad de la represión durante la dictadura. Casos de los que no hay registros, de funcionarios que operaron dentro de la inteligencia clandestina con triples identidades.

El colectivo se opuso a la llamada Ley 2x1 para los condenados…

Fue un intento que no avanzó gracias a que la sociedad argentina salió masivamente a repudiar ese intento de la Justicia por implantar una estrategia legal que permite que por cada año que un imputado se encuentra preso, sin sentencia firme, se le computen 2 años. Esta estrategia se utiliza para presos comunes, no para crímenes de lesa humanidad. Lo que se pretendía hacer era que se usara para crímenes de lesa humanidad, es decir, que con esta duplicación de sus años, se pudiera liberar a algunos represores.

¿Y usted qué opina de esto?

Que es una liberación tendenciosa, forma parte de un proyecto del Gobierno que es beneficioso para las prisiones domiciliarias. Los grupos regeneracionistas dicen que los condenados son presos políticos, lo cual es una locura, porque son hombres que desaparecieron gente, que robaron y secuestraron niños, que cometieron crímenes, que fueron asesinos, torturadores, no son presos comunes ni presos políticos. Esa estrategia de resignificar los crímenes, hacer pasar por presos comunes a presos políticos es una estrategia general del actual Gobierno de la derecha neoliberal que gobierna Argentina que tiene relación con muchas personas de la dictadura.

Hubo en el plano social una manifestación masiva de un millón de personas que hizo que el Congreso diera marcha atrás a ese proyecto. La sociedad argentina ha logrado un consenso muy fuerte en torno a los reclamos de los organismos de Derechos Humanos. La gran mayoría de la sociedad argentina cree que los crímenes de la dictadura fueron de lesa humanidad y que los responsables tienen que ser juzgados, sentenciados y tienen que estar presos.

¿Qué ha pasado con esa petición al Congreso de modificar artículos del Código Procesal Penal para que los hijos puedan denunciar a sus padres y declarar en los juicios en los que son imputados por genocidas?

El proyecto se ha presentado en el Congreso de la Nación hace más de un año y no ha pasado nada porque lo han dejado allí cajoneado. Esperamos que oigan este reclamo porque es muy importante, forma parte de los procesos de justicia y es un derecho también testimoniar, poder denunciar lo que uno sabe, más allá de la relación filiatoria que te una con una determinada persona; consideramos que es fundamental para nuestros procesos de memoria y de justicia.

Hay dos artículos de ese Código Penal argentino actual que dicen dos cosas: que los hijos e hijas, familiares de personas imputadas por la Justicia, no pueden testimoniar en su contra. O sea, al hijo de un genocida no lo pueden convocar como testigo en el caso de su padre. Y eso es un problema. Porque los testimonios de muchos pueden servir, no por cuestiones puntuales, sino de contextos.

El otro artículo, que está en el Código Penal actual dice que cualquier hijo o hija no puede denunciar a su padre o madre. Nosotros lo que pedimos es que en los casos de lesa humanidad sí se permita, porque son crímenes que se cometen contra toda la sociedad.

Ustedes se han declarado en desobediencia. Recuérdenos a qué...

Básicamente es a desobedecer el mandato del silencio, del ‘te callarás’. Desobedecer el sometimiento al padre, que dice lo que se puede y no hacer; a los mandatos sociales del silencio y de la vergüenza por ser hijo de genocida, no necesariamente tiene que ser así, nadie tendría que tener la obligación de callar. Si los criminales o los policías actuales no fueran obedientes de las leyes que son brutales, muchas cosas no hubieran sucedido. Obedecer cosas que son inhumanas, obedecer órdenes ilegítimas al sentido común y a la vida humana es un problema grave para cualquier sociedad.

Desobedecemos la incondicionalidad filiatoria hacia aquellos familiares que nos han mentido, ocultado y defraudado; que fueron capaces de secuestrar, torturar, robar, violar, asesinar. Desobedecemos el mandato social que nos insta al silencio y que nos identifica con el genocida y con el pensamiento del genocida; desobedecemos la imposición de un discurso único y mucho más, cuando nos lo imponen los poderosos.

Desobedecemos el odio y el rechazo que nos inculcaron por los que piensan diferente; desobedecemos el mandato del silencio porque nuestras voces crecieron en silencio, crecieron acalladas en esos espacios de sometimiento y de violencia intrafamiliares y ahora ya no se callan. Por lo que estamos viendo: día a día se llevan presa a gente en las manifestaciones; matan a chicos por la calle, por la espalda y eso está siendo convalidado por la Justicia, por el Gobierno que después festeja y celebra estos policías asesinos. Un policía ha matado a un chico de 16 años por la espalda y ese asesino ha sido festejado por el Presidente. Eso no lo podemos permitir como sociedad.

"Alemania está lleno de sitios de memoria sobre el nazismo, de museos, pero al mismo tiempo, es algo de lo que no se habla mucho allá. Así pasa en Polonia". 

El caso Kanilec

El padre de Analía Kanilec, Eduardo, quien fue miembro de la Policía, fue condenado a cadena perpetua porque hizo parte de los grupos que salían a secuestrar y luego, en centros clandestinos, eran los responsables de torturar y desaparecer a las personas.

Después de conocer que él fue un genocida y que hoy está preso, ¿cómo le acepta la Justicia argentina una demanda por “indignidad” contra su hija Analía Kanilec?

Es una demanda que está en curso todavía, pero no se ha tomado una decisión legal oficial al respecto. Analía respondió a esa demanda. Es un poco de cierta impunidad discursiva, intrafamiliar, que se sigue sosteniendo de alguna manera en muchos casos. Nosotros somos muy pocos en relación con la cantidad de familias que estuvieron involucradas en la dictadura militar, así que estas estructuras del silencio, la sumisión en otros muchísimos casos, se mantienen. Y lo que molesta al papá de Analía es que ella ha denunciado públicamente quién es su padre y se ha pronunciado a favor de la memoria, la verdad y la justicia, entonces él lo considera una afrenta familiar, una hija que no es digna de ese padre.

¿Y por eso él argumenta que su hija no tiene derecho a la herencia de su mamá fallecida?

No tiene nada qué ver una cosa con la otra. Pero es el primer caso en Argentina de un padre con sentencia de crimen de lesa humanidad que hace esto, por eso es que Analía decidió hacerlo público, para mostrar también las estrategias que tienen que ver con esto: con el hacer callar, con el no hablar, con que los hijos no puedan deshonrar al padre.

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