La Justicia en España evalúa si acepta la extradición de Carles Puigdemont

La Justicia en España evalúa si acepta la extradición de Carles Puigdemont

Julio 13, 2018 - 12:12 p.m. Por:
Agencia EFE
Carles Puigdemont

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

EFE/ El País

El juez del Tribunal Supremo español que instruye la causa contra los secesionistas catalanes, Pablo Llarena, evalúa si aceptar la extradición del expresidente Carles Puigdemont desde Alemania para juzgarle sólo por malversación o renuncia a esa opción.

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein resolvió este jueves a favor de la extradición del líder soberanista catalán por un presunto delito de malversación de fondos, pero no por uno de rebelión, tal y como solicitaba Llarena.

Si el magistrado decidiera aceptarla, Puigdemont sería juzgado en España por un delito castigado con un máximo de ocho años de cárcel, mientras que a los otros doce procesados por el proceso secesionista se sentarían en el banquillo por rebelión, por lo que afrontarían penas de hasta 25 años de cárcel.

La otra opción sería retirar la orden europea de detención que pesa sobre el expresidente catalán, lo que significaría que permanecería en libertad, pero no podría regresar a España, ya que sería automáticamente detenido.

En ese escenario, la eficacia de la euroorden como mecanismo de cooperación jurídica y del Acuerdo Schengen, que permite la libertad de movimientos entre 23 países europeos, volvió a ser hoy motivo de polémica en España.

La portavoz del Gobierno español, Isabel Celaá, dejó claro hoy que el Ejecutivo presidido por el socialista Pedro Sánchez no tiene dudas sobre su funcionamiento y utilidad, ante algunas voces críticas, principalmente del conservador Partido Popular (PP), que solicitaron la suspensión del Acuerdo europeo.

Sobre la resolución de la Audiencia alemana de no admitir el delito de rebelión, Celaá se limitó a transmitir "el respeto más absoluto" del Ejecutivo español por las decisiones judiciales.

El fallo del tribunal regional alemán abre un "nuevo contexto" en la situación de los políticos independentistas que permanecen en prisión preventiva, según sus abogados, que hoy emplazaron a la Fiscalía española -encabezada ahora por María José Segarra tras la llegada al poder del nuevo Gobierno socialista-, a revisar la imputación de rebelión y el encarcelamiento de sus defendidos.

En una rueda de prensa, anunciaron que solicitarán en bloque al Tribunal Supremo que excarcele a los encausados, pese a ser conscientes de que la decisión de Alemania no tiene "repercusión directa en términos legales" sobre la causa del proceso secesionista ilegal en Cataluña que instruye el juez Llarena.

Los letrados criticaron además la posibilidad de que el juicio por la causa independentista acabe con un banquillo en el que Puigdemont se enfrente a penas de entre cinco y ocho años por malversación, mientras que sus subordinados en el anterior Gobierno regional de Cataluña se expondrían a 25 por rebelión.

También anunciaron que han recurrido la decisión de Llarena de suspender de sus funciones como diputados a los cargos públicos que están en prisión preventiva procesados por ese delito.

Precisamente, el Tribunal Supremo notificó al presidente del Parlamento Catalán, el independentista Roger Torrent, la resolución del magistrado de suspender a los seis diputados acusados de rebelión, incluido Puigdemont.

Una suspensión que se realiza en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que una vez el procesamiento sea firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado "con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes", el procesado que ostente un cargo público quedará "automáticamente suspendido" en su ejercicio mientras dure la situación de prisión.

Ante la decisión de la justicia alemana, Puigdemont solicitó este viernes al supremo que anule la decisión de Llarena de suspenderle de sus cargos públicos, ya que entiende que no se da ninguno de los requisitos para ello.

El expresidente catalán alega que mantiene su acta de diputado autonómico, conseguida en las elecciones regionales del 21 de diciembre de 2017, no está en prisión preventiva ni ha sido procesado por un delito relacionado con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes.

Lea además: Justicia alemana ordenó extraditar a Puigdemont por malversación de fondos

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