Tras la firma del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, del decreto que pretende dejar de separar las familias de inmigrantes en la frontera, se espera que los padres puedan reunirse con sus hijos mientras enfrentan el proceso judicial.
En el marco de la oposición a su política de “tolerancia cero” hacia la inmigración ilegal, Trump se vio acorralado por las presiones tanto nacionales como internacionales, que lograron con fotografías y videos virales que el Gobierno federal cambiara de decisión, el pasado miércoles, frente al tema.
Esta separación de hogares, que inició a principios de mayo en la frontera con México y que afecta a más de 2300 menores nacidos fuera de EE. UU. ha sido materia de crítica constante por las violaciones de Derechos Humanos.
Lo que aparentemente propone esta medida del Gobierno estadounidense en realidad es reunir a las familias en centros de detención donde los chicos tendrán que vivir en un ambiente hostil y en condiciones no aptas, mientras esperan a que sus padres se enfrenten a un juez federal.
De acuerdo con Juan González, exasesor del exvicepresidente Joe Biden, Washington venía construyendo un mensaje coherente en temas de Derechos Humanos, respeto y humanidad, que ahora se empezó a quebrantar.
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“Esta Administración no ha pensado muy bien cómo coordinar su respuesta al fenómeno del incremento de migración hacia la frontera. Es una falta de responsabilidad por parte del Gobierno de Trump”.
“Es el colmo”, dijo González al referirse a la única solución que propone el Ejecutuvo de mantener las familias juntas, pero en prisiones federales, mientras su progenitores enfrentan el proceso legal.
Por su parte, Juan Carlos Hidalgo, analista político para América Latina, sostiene que la política de cero tolerancia viola los Derechos Humanos de los menores, que “van a permanecer internados como criminales”, puesto que a los inmigrantes no se les permite entrar a los Estados Unidos, sino que se les retiene por infringir la ley y se los pone a esperar su audiencia de deportación.
El proceso que tenía un inmigrante al querer ingresar al país norteamericano era pasar por un oficial de la frontera, quien primero debía averiguar la situación por la que el individuo deseaba entrar, es decir, verificar si la persona estaba huyendo de su país y deseaba buscar asilo.
Para este proceso existen leyes que permiten que fueran detenidos por un periodo corto, luego los dejaban libres, les instalaban un grillete y los citaban a la Corte.
El exasesor González dijo también que esta Administración lo que ha hecho es criminalizar la búsqueda de la esperanza y de la libertad.
Paralelamente, el fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció que las víctimas de violencia de género, tales como violencia doméstica o a manos de pandillas, no califican para asilo. Es decir, se está hablando de miles de familias que vienen huyendo de su país a buscar refugio en la primera potencia del mundo y que ahora no tienen esperanza alguna, debido a esta nueva medida.
La sentencia de la Fiscalía toma precedente sobre decisiones previas, lo cual implica que quienes tengan casos pendientes de asilo podrían perder la protección que actualmente les confiere Washington.
Hidalgo afirma que el dato que el Gobierno Trump dio a conocer sobre las personas que buscaban asilo y no se presentaban a la Corte ha sido hiperbolizado: “Creó un bache que permite que la gente abuse del sistema y se quede ilegal en los Estados Unidos”.
Al cancelar este amparo, los inmigrantes no podrán optar por una salida o beneficio del Gobierno, de manera que la Justicia no solo procesará a un inmigrante por esa condición, sino que ingresar al país de formal ilegal se tomará como un crimen.
“En la Administración de Obama, cuando llegaba alguien, si no tenía un argumento creíble para asilo, pasaba por un proceso de deportación, pero no lo tratábamos como criminal”, expresó Joe Biden frente a los cargos que ahora se imputan a los inmigrantes indocumentados.
A su vez, Hidalgo dijo que “ya no pueden entrar solicitando asilo, entonces tienen que entrar de manera ilegal, se les considera como criminales y es por eso que se les detiene”.
Así, la decisión del actual Ejecutivo representa un retroceso significativo sobre los avances que se lograron en las últimas décadas en defensa de los inmigrantes. Pero sin duda una de las razones que admitió la Casa Blanca para optar por esta medida es enviar un mensaje disuasivo a quienes estén en camino hacia el Norte, dándoles a entender que una de las consecuencias que enfrentarían si intentan cruzar la frontera de forma ilegal sería
En Tijuana
”Solo Dios sabrá lo que va a hacer allá con nosotros, pero son unos ingratos, viendo las ingratitudes que están pasando los bebés”, aseguró Wilfredo Garay, de 52 años, y recién llegado con su mujer y dos hijos a Tijuana, el punto fronterizo más grande de México con Estados Unidos.
El inmigrante hondureño relata que perdió una pierna cuando un tren le pasó por encima en 2008, durante un intento de cruzar el país azteca y expresa su deseo de entrar al Norte para darle una mejor vida a su familia: “No le vamos a robar nada a Donald Trump, vamos a trabajar allá y por un futuro mejor para los niños, es un asilo político”.
Sin embargo, sabe que las perspectivas ahora son difíciles, porque los albergues están saturados y no cuenta con recursos para pagar una habitación. “Tenemos un mes que salimos de Honduras, acabamos de llegar pero estamos viendo aquí que están bien difíciles las cosas”.
Allí también está Jazmín Hernández, quien salió de Guerrero, su estado natal, para escapar de la violencia generada por los grupos criminales y asegura tener plena confianza de que logrará el objetivo de entrar a EE. UU. para dirigirse a Chicago (Illinois), donde la esperan sus familiares.