Jueces y fiscales de Uruguay reclaman ajuste salarial adeudado

Los magistrados se manifestan contra la ley de 2011, que equiparó los salarios de los ministros de Estado con los de los legisladores, lo que disparó una norma que establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia deben ganar lo mismo que los ministros de Estado.

Unos 200 jueces, fiscales y funcionarios judiciales se manifestaron en silencio el miércoles frente a la presidencia uruguaya, en una movilización sin precedentes en reclamo del pago de ajustes salariales adeudados. Con vestimenta formal, apenas un par de carteles y un solitario mástil con una bandera uruguaya, los manifestantes se pararon ordenadamente frente a la sede del gobierno de José Mujica en silencio, durante 15 minutos, y terminaron su movilización con un cerrado aplauso. "Es una concurrencia masiva, de magistrados que tienen diferentes causas. Lo hemos hecho en silencio y con el mayor respeto que se merece nuestra investidura y la defensa de nuestros derechos", dijo a periodistas el juez Ricardo Míguez, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay.En el origen del reclamo está una ley de 2011 que equiparó los salarios de los ministros de Estado con los de los legisladores, lo que disparó una norma que establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia deben ganar lo mismo que los ministros de Estado. Eso dispara además una cantidad de ajustes para cientos de funcionarios cuyos sueldos estaban indexados a los de ministros y jueces. El gobierno aprobó luego dos leyes para evitar generalizar el aumento pero éstas fueron declaradas inconstitucionales. El reclamo implica un incremento entre 21 y 26% -según las diversas interpretaciones- retroactivo a 2011. Los gremios se reunieron el martes por la noche con un representante de la Presidencia, que les manifestó su "compromiso de pago", señaló Míguez, indicando que de todas formas quieren un documento escrito y una fecha en la que comenzaría a hacerse efectivo el pago.Los gremios en conflicto son los jueces, los actuarios, los defensores de oficio, los funcionarios judiciales, los fiscales y los funcionarios registrales. "Esto es justo porque es legal. Lo que pedimos es seguridad jurídica" , dijo a la AFP el fiscal Juan Gómez, presidente de la Asociación de Fiscales, confiando en que finalmente "prime el sentido común". "Los operadores judiciales tienen temas muy importantes que hacen a la vida de la sociedad y no es bueno que estemos distrayendo nuestro tiempo en esto, que es un tema que se resuelve con la aplicación de la ley estrictamente", enfatizó.