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La fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz. | Foto: EFE/ El País

VENEZUELA

Fiscal General, el 'obstáculo' con el que no contaba Maduro

Luisa Ortega Díaz, nombrada y reelegida por el chavismo, ahora es un obstáculo para las decisiones presidenciales.

4 de junio de 2017 Por: EFE/ El País

En 2006, los opositores al gobierno de Hugo Chávez no quisieron participar en las elecciones parlamentarias. Entonces, todos los 163 diputados elegidos eran afines al comandante-presidente. Ellos, un año después, pusieron en la Fiscalía General de la Nación a Luisa Ortega Díaz durante siete años. En 2014, la ratificaron por un periodo similar.

Durante su primera administración siguió al dedillo la orientación gubernamental: investigó a detractores de la revolución, solicitó en extradición al expresidente Carlos Andrés Pérez, ordenó la captura de Leopoldo López, el máximo líder de la oposición que ahora purga una condena de más de catorce años en la cárcel militar de Ramo Verde.

Pero Luisa Ortega Díaz no estaría ahora en el ojo del huracán si no fuera porque decidió salirse del molde. Incluso, desde el Gobierno que la hizo reelegir le dicen “traidora” y la última semana ha crecido tanto el malestar que le están pidiendo la renuncia.

Precisamente el diputado Diosdado Cabello, número dos del chavismo, propuso a los que van a ser constituyentes que “la primera acción que deben tomar es exigir que esa Fiscalía sea volteada patas arriba para que haya justicia, porque ellos dicen que el chavismo se acabó”.
Según él, se debe “hacer una revisión” de la Fiscalía y de “esos tribunales donde haya fallas con la Justicia”.

No es para menos, en marzo pasado la Fiscal General declaró que dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia eran “una ruptura del orden constitucional”, porque le quitaban las facultades a la Asamblea Nacional, ahora conformada en un 90 % por los opositores de la Mesa de Unidad Democrática.

Después, semana tras semana, Luisa Ortega Díaz le ha echado más leña al fuego con el resultado de sus investigaciones: Aseguró que lo que asesinó a una de las primeras víctimas de las recientes protestas fue una bomba lacrimógena disparada a ‘quemarropa’ y no un accidente, como dijo el Ministro de Justicia. Así, ha ido esclareciendo, uno a uno los 60 homicidios ocurridos hasta el pasado miércoles en las protestas.
Pero su peor afrenta al Gobierno la hizo el jueves pasado, cuando le solicitó al Tribunal Supremo de Justicia aclarar las sentencias con las que le dio vía libre a Nicolás Maduro para convocar la Asamblea Nacional Constituyente.

Además indicó que la de su país era una Constitución “inmejorable” y “de las más adelantadas del mundo en Derechos Humanos, democracia y participación popular”.

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Luisa Ortega Díaz. 59 años. Abogada de la Universidad de Carabobo, en el mismo estado. Tiene una especialización en derecho penal de la Universidad Santa María, y de derecho procesal en la Universidad Católica Andrés Bello, ambas de Caracas.

La Fiscal General de la Nación también se desempeñó como consultora jurídica del canal de televisión del Estado Venezolana de Televisión. Y después, en 2002, llegó al Ministerio Público.

Pese a que ahora reniega de las políticas de Estado de Nicolás Maduro, sigue firme con su ideología chavista.

Luisa Ortega Díaz está casada con Germán Ferrer, diputado del Gran Polo Patriótico, coalición de partidos políticos y movimientos sociales que respaldó la revolución bolivariana.

Su hermano, Humberto Ortega Díaz, participó como capitán de navío en el golpe de Estado que Hugo Chávez le propinó en 1992 al entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Incluso se dice que la última reunión para concretar detalles de esa sublevación militar se hizo en su casa.

Desde entonces, ocupó cargos importantes en el sector financiero. Fue ministro de la Banca Pública, presidente del Banco de Venezuela, director del Banco del Pueblo Soberano y Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria, Fogade.

Luisa Ortega Díaz empezó a marcar diferencia hace tres mes, a alejarse del Gobierno al que se le acusa de no separar sus poderes. Pero eso no la libra de ser una de las funcionarias sancionadas por el Senado de Estados Unidos, tras estar involucrada en violaciones de Derechos Humanos y en la represión de protestas de grupos opositores durante las movilizaciones de 2014, que dejaron un saldo oficial de 43 muertos.

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