Dudas siguen estancando la Ley de Comunicación en Ecuador

Aunque la Asamblea ya retomó el estudio de la norma, muchos sectores temen por sus alcances.

Tras dos años de estar estancada, la Comisión Ocasional de Comunicación retomó el análisis del proyecto de Ley de Comunicación, acogiendo el mandato popular del pasado 7 de mayo cuando el pueblo ecuatoriano se pronunció a favor de la creación de un Consejo de Regulación para los medios de comunicación. Las discusiones se retomaron en los últimos días, luego de que en reuniones previas la oposición logró que en la Comisión Ocasional de Comunicación se resolviera elaborar un segundo informe para ser sometido al pleno. Pese a que la Asamblea Nacional se ha propuesto aprobar la nueva Ley de Comunicación en un plazo máximo de dos meses, las discrepancias en torno a los temas polémicos no han permitido avanzar en el trámite. Para el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, esta Ley es prioritaria, pues “los medios no quieren ningún tipo de regulación, ni rendir cuentas a nadie”, y los acusa de protagonizar un rol político y de bloquear el tratamiento de la Ley. El Gobierno ha indicado que el objetivo del Consejo es regular los contenidos violentos y discriminatorios, sin embargo para sectores de la oposición, así como periodistas y organismos internacionales de derechos humanos, existe un claro riesgo de atentar contra la libertad de expresión. Por su parte, los asambleístas opositores exigen que se respete el acuerdo ético-político suscrito el 17 de diciembre del 2009, entre el Presidente de la Asamblea y los jefes de las bancadas legislativas, en el cual se plantea la creación de un Consejo de Comunicación e Información independiente del Gobierno. No obstante, para asambleístas como Cynthia Viteri y Lourdes Tiban, el riesgo está en el veto presidencial, por lo cual exigen que los asambleístas se comprometan a ratificar en el pleno, lo aprobado por el Legislativo.Esto porque la propuesta de que un delegado del presidente Correa participe en el pre debate legislativo no prosperó, y el Ejecutivo defendió la facultad constitucional del veto presidencial, lo cual significa que pese a que en la Asamblea se logre una Ley de consenso, el Primer Mandatario podría cambiar los contenidos a su voluntad, con lo cual se dejaría sin efecto los acuerdos legislativos. El debate no termina y ante la falta de confianza, los asambleístas de la oposición han pedido la presencia de la relatora especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero.Esa propuesta de la oposición ha sido aceptada por el oficialismo, pero con ciertas reservas. El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, invitó a Botero a participar en la construcción del proyecto, pero advirtió que no es competencia de la Comisión Interamericana hacer observaciones, sino vigilar.También otros organismos internacionales como Reporteros Sin Fronteras han expresado su preocupación en ese sentido. Benoit Hervieu, representante para América de esa organización, teme que se confunda la regulación de los medios, a cargo de un Consejo, con la intención de mejorar la información. Para el catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y experto en comunicación, Mauro Cerbino, el objetivo del Consejo de Comunicación es precautelar el respeto al derecho a la honra, la privacidad personal, la protección del orden público, la salud, la moral y la seguridad nacional.Según dijo, el Consejo debe estar conformado en su mayoría por la sociedad civil, sin excluir a representantes de los cinco poderes del Estado, pero no puede tener atribuciones sancionadoras. Por su parte, el titular de la Comisión Ocasional de Comunicación, Mauro Andino, Mauro Andino, dice que el proyecto de Ley de Comunicación que se está trabajando pretende democratizar la comunicación “desconcentrando los medios porque están en manos de un grupo reducido”.Mientras que para el asambleísta de oposición y miembros de la Comisión de Comunicación, César Montúfar, el riesgo es que “se criminalice la información cuando éste no se adecúa al pensamiento oficial del Gobierno”. Lo mismo opina el periodista y coautor del libro “El Gran Hermano”, Christian Zurita, quien ahora enfrenta un juicio penal interpuesto por el presidente Rafael Correa, quien lo acusa de daño moral. La Comisión de Comunicación aspira culminar con el informe para segundo y definitivo debate máximo hasta el mes de agosto.Críticas a los mediosEl presidente Rafael Correa, ratificó esta semana sus criticas contra los medios de comunicación que son impulsados por emporios económicos.”Todo emporio económico tiene sus medios de comunicación, no para informar, para atender sus negocios”, aseguró Correa.La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró su satisfacción por el consentimiento de Correa de recibir una delegación de ese organismo.Correa dijo que podría recibir a representantes de la SIP, aunque aclaró que no aceptaría “cátedras de moral a la que están acostumbrados, ni a decirnos cómo gobernar”.