Denuncian que capitán Rafael Acosta fue enterrado contra la voluntad de su familia

El cuerpo del militar venezolano Rafael Acosta Arévalo, muerto hace 12 días cuando se encontraba en prisión y bajo custodia del Gobierno de Nicolás Maduro, fue inhumado este miércoles por orden de un tribunal de Caracas, informó el abogado de la familia Acosta, Alonso Medina Roa.

Tras la presión ejercida desde la familia, el Parlamento venezolano y distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos, en la mañana de este miércoles se realizó el reconocimiento del cadáver y se procedió a la inhumación por orden de un tribunal penal, aseveró Medina Roa.

El letrado manifestó que "se hicieron todos los trámites de ley y simplemente ahora vamos a la inhumación controlada", medida dictada por el Tribunal 36 de control.

A juicio de Medina Roa, "se puede interpretar que las autoridades gubernamentales (dijeron) 'yo lo maté y yo lo entierro', es el Estado quien va a enterrarlo".

Señaló que el informe forense "refleja la realidad de lo ocurrido", sin ofrecer mayores detalles.

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Los accesos a la Morgue de Bello Monte —donde se preparó el cuerpo— fueron tomados desde temprano por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, PNB, así como el ingreso al Cementerio de La Guairita, un camposanto privado ubicado al este de Caracas.

El ingreso de los medios de comunicación al cementerio fue impedido por efectivos de la PNB y funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, Faes, brazo policial cuya disolución inmediata fue recomendada en el reciente informe de derechos humanos de Naciones Unidas sobre Venezuela.

Temprano este miércoles, a través de un video publicado en redes sociales, la viuda de Acosta Arévalo, Waleswka Pérez, denunció que la Morgue de Bello Monte, adscrita al Ministerio de Interior y Justicia, habría incurrido en "procedimiento ilegal" al procesar la "entrega controlada del cuerpo".

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"Yo no he solicitado ningún servicio fúnebre de esa empresa", afirmó la viuda de Acosta Arévalo, al tiempo que comparó este procedimiento con el que ocurrió a principios de 2018 con la muerte de otro opositor a Maduro, el expolicía Óscar Pérez.

Pérez se hizo conocido en julio de 2017 cuando, en medio de las protestas antigubernamentales que dejaron más de 100 muertos en Venezuela, lanzó, según el Gobierno, varias granadas desde un helicóptero de la Policía científica contra dos edificios gubernamentales en Caracas.

Este ataque no dejó ningún herido ni otros daños materiales significativos y Pérez, junto a su grupo, estuvo en fuga hasta que murieron en un enfrentamiento —dijo luego el Gobierno— con fuerzas militares y policiales, que el Parlamento denunció entonces como "ejecución".