Afirman que el TSJ aplicó a Machado “derecho penal del enemigo”

Nelson Chitty La Roche, exdiputado al Congreso, afirmó que la interpretación del artículo 191 de la Constitución, con el cual se destituyó a Machado, se hizo fuera de contexto.

Nelson Chitty La Roche, exdiputado al Congreso y profesor de Derecho en la UCV, afirmó que la decisión de la Sala Constitucional del TSJ en el caso de la diputada María Corina Machado “desconoce las garantías básicas de los derechos humanos y de sus derechos parlamentarios”. Alerta que los venezolanos “estamos a punto de transgredir el pacto básico social de convivencia y coexistencia” y, citando a Carl Von Clausewitz, dijo que estamos “en un duelo de voluntades”.“La interpretación que hace el TSJ se compadece exactamente con lo que se conoce en el ambiente doctrinario como derecho penal del enemigo, que se practicó por aquellos juristas que sostenían el régimen nacionalsocialista, a los que las lecturas de los textos legales servían de acuerdo a la conveniencia del asunto”. Chitty precisa que la Constitución no es una ley ni un reglamento y que el neoconstitucionalismo, “la teoría más reputada”, aconseja que se interprete más sobre la base de los principios que sobre el texto mismo.Sobre la interpretación que el TSJ hizo del Artículo 191 de la Constitución, base sobre la cual ratifican el despojo a Machado de su condición de legisladora, Chitty indicó que se hizo fuera del contexto, como han sido las recientes decisiones del TSJ contra los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos que, además, desconocen la voluntad popular.“Estamos viendo cómo a nombre de la constitucionalidad se transgrede la Constitución”, lamentó. El experto afirmó que en términos jurídicos es poco lo que Machado puede hacer en el país, pues se violentó también el principio de la doble instancia, pero recalcó que internacionalmente las alarmas están disparadas y que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello son “reos de delitos de lesa humanidad”.Sanciones económicasEl abogado Luis Izquiel, miembro del equipo de asesores de la Mesa de la Unidad, dijo que el TSJ avala la expulsión de Machado del Parlamento por la vía de hecho, obviando los mecanismos que la Constitución prevé: muerte, renuncia, revocatoria del mandato o sentencia judicial firme, previa realización del antejuicio de mérito y allanamiento.Acusó al TSJ de tomar parte de una estrategia del oficialismo para vulnerar la confianza de los venezolanos en el voto como instrumento democrático, lo que está concatenado con los juicios sumarios y destituciones de los alcaldes Scarano y Ceballos, a quienes como Machado, se les violentó la doble instancia y la posibilidad de apelar. Izquiel llamó a “no perder la fe” y defender el voto todo lo que sea necesario. Advirtió que para este escenario el Gobierno se preparó cuando denunció el Pacto de San José. Sin embargo, recordó que existe la posibilidad de apelar a acuerdos internacionales, como las cláusula democrática del Mercosur (Protocolo de Ushuaia) y de la Unasur y la Comisión de DDHH de la ONU. Recordó que ya hay gobiernos que han alzado su voz, como los EEUU, Canadá, Alemania, Francia y Gran Bretaña. Lamentó que los miembros de la OEA no lo hacen “por razones crematísticas” aunque saben que “Venezuela no tiene un gobiernos democrático sino dictatorial”.Luis Izquiel recordó que en el Senado de EEUU ya se ha ventilado la posibilidad de sanciones económicas, “que no irían contra la economía del país para no repetir los errores del bloqueo cubano, pero irían contra elementos particulares que se han beneficiado del saqueo y de la corrupción de los últimos 15 años: revocación de visas, congelamiento de bienes y cuentas de representantes de la corrupción”, dijo citando recientes declaraciones del senador republicano Robert Morán.