Zona Diamante
Por cuenta de una acción popular impulsada por la Procuraduría, el magistrado Roberto Chavarro Colpas, del Tribunal Administrativo de Bolívar, condenó a diferentes entidades a quienes halló responsables de la vulneración de varios derechos por cuenta del deterioro ambiental que hay en la bahía de Cartagena.
El recurso fue interpuesto en octubre de 2017 y en el escrito se argumentaba que por cuenta de la expansión industrial y portuario en la capital de Bolívar, los cuerpos de agua de la bahía y sus ecosistemas “se han visto grave y drásticamente afectados, especialmente por la baja calidad del agua en las zonas costeras”.
Esa circunstancia, añade el demandante, ha generado un impacto negativo en las actividades económicas y sociales, así como una degradación en el hábitat y la biodiversidad. Una de las causas de este daño ecológico tiene su origen en los vertimientos de aguas residuales urbanas y las aguas que se descargan a través del canal del Dique que llegan con sobrecarga de partículas contaminantes, lixiviados, descarga de líquidos de buques cargueros y residuos sólidos.
Argumentando su recurso, la Procuraduría delegada para asuntos ambientales presentó ante el tribunal sendos estudios en los que se ponía de manifiesto el porqué era urgente tomar una serie de medidas para contrarrestar el avance y deterioro de la bahía. Uno de ellos el de la institución científica Invemar que entregó un balance poco alentador en materia ambiental.
Lea también: Con este hallazgo buscan eliminar los microplásticos que contaminan el agua
“Por la baja cobertura de servicios públicos, cambios del uso del suelo, el desarrollo portuario e industrial, explotación de recursos y la entrada de especies invasoras están afectando gravemente los ecosistemas conformados por arrecifes coralinos, manglares, playas de arena (…) generando un efecto de bioacumulación de contaminantes. La calidad del agua no presenta condiciones favorables para la preservación de flora y fauna”, se lee en uno de los apartes del estudio.
Rastros de cadmio, mercurio, plomo, cobre, níquel y hierro también han sido detectados en las aguas y en algunos casos en concentraciones superiores a los valores de referencia. De acuerdo con la acción popular interpuesta, estas muestras son indicios de que el canal del Dique facilita la introducción de contaminantes a la bahía.
Al analizar los conceptos académicos y científicos anexados a la acción popular, el Tribunal tuvo en cuenta la documentación en la que se señala que las fuentes directas de la contaminación provienen de la población cartagenera, el corredor industrial de Mamonal, la zona franca La Candelaria, la actividad marítima, el canal del Dique y el turismo.
En su providencia, el magistrado Chavarro Colpas enfatiza que “la bahía de Cartagena está altamente contaminada (…) y esta contaminación es realizada primordialmente por el canal del Dique que ha causado cambios en sus condiciones naturales y un alto grado de deterioro ambiental de manera progresiva”.
Sin embargo, esta no es la única empresa mencionada en el fallo del Tribunal. De Cotecmar, el astillero colombiano que trabaja de manera indirecta para el Ministerio de Defensa, se dice que “ha venido haciendo derramamientos perjudiciales a la bahía de Cartagena y que hace apenas un año implementó una planta de tratamiento para aguas residuales. Sin embargo, hay que decir que por años han venido botando estos residuos a la bahía”.
La Contraloría, también al rendir informe ante el Tribunal, expuso que existen sospechas de que Cotecmar habría hecho vertimientos de aguas residuales sin los permisos correspondientes por lo que el magistrado elevó el expediente a instancias de la Fiscalía y a la Procuraduría para que indaguen sobre este aspecto.
Junto con esta decisión, el Tribunal consideró que hay varios derechos vulnerados por cuenta de la contaminación en la bahía por lo que condenó al Ministerio de Ambiente, a Dimar, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y a la Corporación Autónoma Regional del Cana del Dique a que en el término de un año hagan las acciones necesarias para la vigilancia y control de vertimientos de aguas residuales.
En síntesis, lo que se les pide a estas instancias es que revisen y verifiquen a “las entidades, empresas y sociedades que no cumplan las normatividades ambientales y posterior a ello procedan a los cierres o sanciones de ley”.
Cotecmar, por su parte, fue condenada a pagar por los perjuicios ocasionados por el daño ecológico. De ese monto, que no se precisa en el providencia, el 90% deberá ser destinado a la recuperación de la bahía.
