Víctimas del conflicto asentadas en Cali piden más apoyo del Estado

En una audiencia pública, grupos de afectados por el conflicto criticaron fallas en la atención.

María Tirsa Paz levantó la voz y advirtió que las víctimas no deben ser tratadas como mendigos. “No estamos pidiendo limosna, solo estamos exigiendo nuestros derechos”, dijo en un tono fuerte la mujer afrodescendiente. Sus palabras, tan francas y tajantes, provocaron aplausos de todos los asistentes al Salón Madera del Centro Cultural de Cali. Allí, donde se realizó este miércoles una audiencia pública, diferentes organizaciones de víctimas del conflicto armado que están asentadas en la capital del Valle, exigieron a las autoridades locales, regionales y nacionales mejorar la atención a sus necesidades. María Tirsa fue en representación del grupo de 27 mujeres afrodescendientes que fueron desplazadas de El Charco (Nariño) en el 2007 y desde esa fecha llegaron a Cali en busca de nuevas oportunidades. La vida en la ciudad, sin embargo, ha sido muy difícil, pues -según lo contó María Tirsa- la mayoría vive en sectores de invasión y no ha logrado conseguir trabajos estables. “Yo tengo un puesto de arepas, pero con eso no me alcanza ni para pagar el arriendo”. La mujer denunció que ninguna entidad les ha cumplido con la asignación de viviendas y las ayudas que entrega la Unidad de Atención al Desplazado (UAO) no son permanentes. “Desde el 2013 solo he recibido $570 mil”. La audiencia pública a la que asistió María Tirsa fue convocada por la Personería Municipal, que hizo un llamado de alerta a la Alcaldía y al Gobierno Nacional, frente a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas del conflicto armado en Cali. “La mayoría de estas personas vive en condiciones de mucha pobreza e incluso están siendo revictimizadas, pues han huido de sus sitios de origen por la violencia, pero han llegado a comunas de la ciudad donde hay presencia de bandas criminales al servicio del narcotráfico”, denunció el personero Andrés Santamaría. De acuerdo con un análisis de la Personería, la población víctima del conflicto armado presente en la ciudad está asentada en el oriente y la zona de ladera, en algunos casos ubicándose en asentamientos de desarrollo urbano incompleto como en Brisas de Comuneros, la Colonia Nariñense y el Jarillón del Río Cauca. Según este reporte, casi todas las víctimas viven en las comunas 13, 14, 15,18, 20 y 21 de Cali.Santamaría advirtió que Cali sigue siendo una de las ciudades con mayor recepción de víctimas, debido al alto índice de violencia que se registra en el Pacífico, sobre todo en Buenaventura. Según las cifras de la entidad, un promedio de diez personas llegan cada día a la capital del Valle, desplazadas por la criminalidad en el Puerto.En el encuentro de este miércoles, la Personería también presentó un informe sobre la situación de la población víctima del conflicto armado en Cali (2013-2014), que señala que -según la Unidad de Víctimas- en la ciudad hay asentadas 158.827 víctimas, de las cuales 118.457 son desplazadas. De ese total, el 60 % corresponde a madres cabeza de familia. Debido a ese alto número de víctimas, la Personería pidió al Gobierno local aumentar los recursos, pues es urgente mejorar las condiciones de esta población. Sin embargo, el asesor de Paz, Felipe Montoya, insistió en que la Alcaldía sí está cumpliendo con la atención inmediata a las víctimas, aunque recordó que la atención integral está a cargo del Gobierno Nacional. “Es cierto que nos quedamos cortos y se requieren más recursos, pero sí estamos entregando las ayudas de emergencia”.Según el funcionario, en la UAO atienden a un promedio de 500 personas al día, a quienes les entregan bonos de aseo y los reciben en el Hogar de Paso que tiene la Arquidiócesis de Cali. Muchas víctimas, sin embargo, denunciaron ayer que las ayudas se entregan cada seis meses, y lo ideal sería recibir un apoyo económico cada mes. En la audiencia pública también participaron representantes de la comunidad Embera Catío que está asentada en barrio El Calvario de Cali. Rosendo Queretama Pepe denunció que hay 41 familias (200 personas) que requieren ayudas urgentes de parte del Estado.