Víctimas deben ser reparadas con recursos de los paras y no del Estado

Así lo determinó la Sala de Consulta del Consejo de Estado, sobre el caso de la masacre de Mampuján, al asegurar que la reparación no debe ser asumida por el Estado si se acaban los recursos del Fondo de Reparación.

Los recursos o bienes entregados por paramilitares postulados en Justicia y Paz sólo pueden usarse para reparar a las víctimas de los bloques a los que pertenecieron los victimarios, pues debe respetarse el nexo causal entre la conducta causante del daño y la víctima afectada.Así lo determinó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en respuesta al director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Bruce MacMaster, quien recurrió a la Sala con el interrogante acerca de si para el caso de la Masacre de Mampuján, una vez agotados los recursos del Fondo de Reparación de las Víctimas, debía el Estado o no complementarlos con recursos propios.La Sala explicó que en las sentencias, emitidas en dicho caso por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Bogotá, no se condenó a la Nación, por lo que esta no puede asumir responsabilidad patrimonial en la reparación de las víctimas.El Consejo de Estado determinó que, por tal razón, se deben racionalizar los recursos del Fondo de Reparación de las Víctimas que creó la Ley de Justicia y Paz.En el caso específico de Mampuján entonces serán los dos condenados por esta masacre quienes deberán entregar bienes al Fondo para poder indemnizar a las 1.444 víctimas reconocidas, un monto total de $31.876.233.288.Se trata de Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino, y Uber Enrique Bánquez Martínez, alias Juancho Dique, jefes del Bloque Héroes de los Montes de María, cuya condena quedó en firme por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 27 de abril de 2011.El problema reside en que sólo 'Diego Vecino' ha entregado recursos por $578.434.613 pesos, dinero que a todas luces es insuficiente para cubrir el costo de las reparaciones ordenadas.El Consejo de Estado señaló, además, que el fondo no cuenta con recursos ilimitados por lo que "debe garantizar que los bienes entregados por los victimarios se destinen al pago de las indemnizaciones de las victimas respectivas, que no pueden adoptar decisiones en relación con el presupuesto nacional ni sus recursos se confunden con los de la Nación".La Corporación especificó que si se adoptara una decisión contraria, "se desplomaría todo el sistema creado por la ley para indemnizar a las víctimas del conflicto".