Una cruzada por una Colombia sin desaparecidos

Una campaña de País Libre, busca que reclusos digan dónde están sus víctimas. El registro Nacional de Desaparecidos a mayo de 2011 reporta 57.200 desaparecidos en el país, según Daniel Atchebro, Coordinador de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos.

Elsa Torres trabajó toda la vida por su hijo. Pero cuando él desapareció, dejó su labor como organizadora de eventos para seguir un calvario en busca de alguna pista de Eduardo Andrés Delgado Torres, un alumno de biología marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que fue a Santa Marta para despedirse de su abuela antes de viajar a continuar sus estudios a Costa Rica. Pero no regresó jamás. Caminando sobre el filo de la desesperación recorrió el Caribe, habló con autoridades y clérigos, preguntó a fiscales y jueces, consultó con abogados y defensores del pueblo, escribió a medios de comunicación. Pero sólo halló un silencio, como el de las montañas más altas de la Sierra Nevada, donde su hijo fue visto por última vez.Recogiendo sus pasos, supo que en esos días (julio de 1998), Eduardo Andrés subió a una finca en la Sierra Nevada. Allí, con José ‘Pipo’ Hidalgo, un samario dedicado al turismo ecológico, y con Marco Micheletti, un italiano investigador del cultivo de frutas, llegaron a otra finca en San Lorenzo. Y nunca más se supo de los tres.En ese trasegar encontró en la Fundación País Libre, entidad que apoya a las víctimas del secuestro en Colombia. Allí recibió ayuda, asesoría jurídica y hasta apoyo psicológico para sobrellevar la desaparición de su hijo. Y la búsqueda.Hasta que la improvisada investigadora halló un dato que fue oro en polvo: en la misma fecha y lugar donde desaparecieron su hijo y sus amigos, hubo un conflicto con los paramilitares Hernando Giraldo y Adán Rojas. Y un detalle adicional: ambos estaban detenidos en Barranquilla.Sólo la fiscal Zeneida López, de Santa Marta, comprendió el pálpito de madre de esa extraña coincidencia. López fue a la cárcel de Barranquilla y luego de muchos interrogatorios, en agosto de 2009 logró que Rigoberto Rojas, hermano y miembro del grupo de Adán, confesara que éste fue quien ordenó el asesinato y que estaban sepultados en esa finca de San Lorenzo.Paradójicamente, después de once años de silencio y esfuerzos fallidos, un mes después de la confesión del asesino, doña Elsa volvió a tener entre sus brazos a su hijo en septiembre de 2009. Pero esta vez eran sus restos. Catorce fiscales del CTI y luego de 120 excavaciones lo encontraron. “No hubo duda. Además de una radiografía y de la carta dental, era el único que había sido sepultado con sus documentos: cédula, pase de conducción, carnés de la EPS Compensar, de la prepagada, de la Jorge Tadeo Lozano, de buzo marino...”, dice doña Elsa.Este primer caso le mostró a la Fundación País Libre que era posible y no debía escatimar esfuerzos en seguir buscando a unos 600 secuestrados en Colombia de los que no se volvió a saber de hace diez o quince años. Es decir, pasan a ser como desaparecidos. “País Libre sigue preocupada porque es un número importante de familias que lleva muchos años de gestión y sin respuesta; entonces hizo una alianza con la Fiscalía y el Inpec, para tratar de que los presidiarios confesaran si los habían asesinado y dónde estaban sus restos”, dice Claudia Llanos, directora de la Fundación País Libre.Y Eduardo Andrés se convirtió en el caso emblemático con el que se emprendió la campaña ‘Ayúdenos a encontrarlos’, que se adelanta en algunas cárceles del país para inducir a los actores del conflicto: Farc, ELN y grupos paramilitares, que no sólo den cuenta de los cautivos vivos, sino de los muertos.Cómo funcionaEn este momento, un investigador de la Fiscalía trata de tocar el corazón de 70 reclusos de la cárcel de Villavicencio, que pertenecieron a organizaciones subversivas o bloques paramilitares. Parece una labor quijotesca pararse frente a sindicados o condenados de crímenes atroces, a pedirles que si saben de secuestrados asesinados o muertos en cautiverio, al menos digan dónde reposan los cuerpos.Acto que aliviaría en algo el dolor represado en las familia de las víctimas que ya han perdido la esperanza de encontrar a sus seres queridos con vida. Pero que al menos esperan darles cristiana sepultura y cerrar su ciclo de dolor.Para ello se seleccionó a un primer grupo de 40 casos, quizás porque es de los que más información se tiene. El primer paso es la toma de muestras de ADN a los familiares, que almacena en un banco de datos y luego empieza a cotejar su información con la que dan los internos de las cárceles. “La Fiscalía hace un trabajo de campo con el Inpec, que nos colabora con la información de en qué cárceles están recluidos miembros de grupos guerrilleros o paramilitares que pudieron haber cometido estos hechos según la fecha, sitio y circunstancias”, revela un investigador de Justicia y Paz.Luego, según un cronograma de visita a esas cárceles, miembros de la Policía Judicial y el Cuerpo Técnico de Investigación, adscritos al programa de Justicia y Paz, visitan las penitenciarías y socializan la campaña entre los internos.Entonces, los investigadores hacen un trabajo individual con cada interno para recoletar información. “Esta información se coteja con los datos previos que nos ha dado la familia de la víctima, como fecha y lugar de la desaparición y la descripción física de la persona desaparecida o secuestrada. Y también con la información consignada en el proceso que se llevó en su momento, para ver las coincidencias y establecer con certeza dónde están los restos y así evitar confusiones que nos lleven a otros lugares o casos diferentes a los que investigamos”.La campaña ya ha dado frutos en dos casos. Hay cuatro casos más que están en proceso de investigación y verificación. “Tenemos información que nos guía a un presunto lugar donde nos da un alto grado de probabilidades de que allí reposarían los restos de las víctimas y hemos ido a realizar la exhumación de los restos, pero por el paso del tiempo sólo hemos podido establecer los lugares”, dice el investigador de la Fiscalía del programa Justicia y Paz.Otro obstáculo que encuentran los investigadores es el difícil acceso de los lugares donde ocurrieron los crímenes y donde estarían los restos. “Primero debemos hacer un trabajo de georeferenciación con mapas, coordenadas precisas, si pasan los ríos por allí, porque generalmente son zonas selváticas muy remotas o también con problemas de orden público”, dice la Fiscalía.“Esto es un trabajo lento y dispendioso, no podemos ni queremos crearle más frustración a los dolientes de las víctimas con falsas expectactivas, por eso queremos hacer un trabajo serio, sistemático, por lo que la responsabilidad de los investigadores es muy grande y evitar así revictimizarlos”, dice la Fiscalía.Así se aligera el peso de la desaparición. Al menos los dolientes sienten que ya su ser querido pasó de manos de alguien sin Dios y sin ley, a otra dimensión donde hay la paz que no encontró sobre la tierra.