Restitución de tierras sigue siendo una tarea titánica en Colombia

Tras dos años del inicio de la restitución de tierras, las amenazas a líderes campesinos continúan.

Tan ambiciosa como titánica, la política de restitución de tierras a los campesinos colombianos despojados durante medio siglo de conflicto supera los dos años de vida entre alabanzas por sus fines, críticas por la ejecución y un mapa plagado por las minas de una confrontación que no acaba.En el campo, los primeros 1.573 campesinos retornados agradecen tener de nuevo sus tierras y contar con proyectos productivos sobre los que tienen voz y voto, y aunque no mencionan el nombre de los individuos armados que les obligaron a abandonar su terruño, afirman no tener miedo.Es el caso de José Daniel Mercado, quien a sus 71 años pudo regresar hace seis meses a su parcela en la finca Santa Paula, uno de los fortines de los hermanos Castaño, los mentores del paramilitarismo, y donde dice que se encuentra la mejor tierra de Colombia bajo el tórrido sol del norteño departamento de Córdoba."Ahora vino la bendición de la restitución y nos avisaron de que iba a haber otra vez las mismas tierras para los campesinos. Estamos felices", afirmó en declaraciones a EFE, ilusionado con su proyecto ganadero y con traer de vuelta al resto de su familia después de 14 años de desplazamiento forzado.Un espantapájaros ahorcado colgando de un árbol revive el fantasma de la violencia en Santa Paula, una finca de casi 1.200 hectáreas cercana a la ciudad de Montería, capital de Córdoba, región que los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño hicieron suya y convirtieron en el centro del paramilitarismo.Mercado sonríe pero todavía evita decir quién le causó los "problemitas" : la fundación fachada creada por los Castaño, Funpazcor, que en los años 90 emprendió una contrarreforma agraria privada a través de la cual engañó a cientos de familias de Santa Paula para que vendieran a precios irrisorios a sus testaferros las tierras que les habían sido donadas.Lo cierto es que en estos dos años de restitución han muerto 66 reclamantes de tierras, a pesar del fortalecimiento de la Unidad Nacional de Protección, una institución nacida en 2011 al abrigo del reconocimiento de las víctimas del conflicto y de la desarticulación del DAS.Y es que el conflicto continúa, las guerrillas siguen con los fusiles en alto durante el proceso de paz de La Habana y los paramilitares han mutado en grupos que sobrevivieron a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2005 y se oponen al proceso de restitución de tierras."Uno querría hacer restitución en todo el país, pero tenemos que ser conscientes de que aquí hay una guerra de más de medio siglo, que muchas zonas no se pueden devolver hasta que se haga un desminado y que hay actores armados que no permiten que los reclamantes tengan seguridad", dijo el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Ricardo Sabogal, en una entrevista con Efe.Precisamente ese es uno de los puntos más criticados por el informe "Gota a gota" que las fundaciones Forjando Futuros y Paz y Reconciliación presentaron la semana pasada, en el que rechazan que la URT mantenga estancadas el 70 % de las reclamaciones porque el Gobierno dice que no hay suficiente seguridad en esas zonas.De acuerdo con las organizaciones, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras exige compensar económicamente al propietario o buscarle otro terreno si no puede recuperar el suyo, lo que agilizaría el proceso.Cuando el presidente Juan Manuel Santo, y el secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, sancionaron la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en junio de 2011, el país se asomó al balcón de la reconciliación consciente de lo complicado que sería desenredar décadas de despojo de la tierra.Pero Sabogal está satisfecho porque considera que "el proceso marcha y marcha a buen ritmo", con el 35 % de las 54.000 reclamaciones en trámite y más de 400 fallos de restitución dictados por los jueces, correspondientes a un millar de casos.Para convencer a los escépticos, argumenta: "Los pleitos de tierra que hace un tiempo dirimían los jefes paramilitares o los jefes guerrilleros, ahora los deciden los jueces".